El Gobierno italiano reforma la llamada "acción de oro", como le pidió la CE

Roma, 9 mar.- El Gobierno italiano aprobó hoy un decreto ley con el que modifica la normativa hasta ahora vigente sobre la llamada "acción de oro" del Estado, como le ha exigido la Comisión Europea (CE).

El Ejecutivo informó en una nota de los cambios que ha dispuesto en el Consejo de Ministros de hoy para ese mecanismo de control que se reserva el Estado en las empresas privatizadas y que le permite limitar los derechos de empresas extranjeras con capital público que intenten entrar en sectores estratégicos.

La modificación sobre la legislación de la "acción de oro" llega después de que la CE haya instado a Italia a cambiarla para evitar más litigios ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ante el carácter restrictivo que, según Bruselas, tiene sobre la inversión.

"Con el decreto ley aprobado hoy Italia se adapta a la disciplina jurídica siguiendo la normativa de la UE", indicó el Gobierno italiano, quien explicó que, con los cambios, conserva "poderes de intervención para garantizar los intereses legítimos, esenciales y estratégicos del país".

El Ejecutivo del excomisario europeo de la Competencia pretende con esta norma cerrar el procedimiento de infracción abierto en 2009 por la CE ante la legislación hasta ahora vigente en Italia, objeto de un recurso ante el Tribunal de la UE decidido por la Comisión Europea el pasado mes de noviembre.

El decreto sobre la "acción de oro" afecta a los sectores de la defensa, el de la energía, los transportes y las comunicaciones, en los que Italia aplica ese mecanismo con compañías como las energéticas Enel o Eni, la operadora Telecom Italia o la fabricante de electrónica de defensa Finmeccanica.

En los sectores de la energía, transportes y comunicaciones, el Estado italiano se reserva el derecho a que se le notifique las "decisiones adoptadas por una empresa (privatizada) que acarree cambios en su titularidad, su fusión o escisión".

Además se prevé "específicas condiciones" para los movimientos que den lugar a una "situación de excepcional amenaza efectiva de gran perjuicio para los intereses públicos relativos a la seguridad y al funcionamiento de las redes e instalaciones y a la continuidad del suministro".

Asimismo, el Estado se reserva el derecho a veto cuando la compra en esa empresa de participación estatal la efectúe un sujeto "originario de un país no europeo", para lo que habrá además dos presupuestos suplementarios: la presencia de vínculos con organizaciones delictivas y que esa intervención no garantice el suministro o el libre acceso al mercado.

En el sector de la defensa, mantendrá tres poderes especiales, empezando por la imposición de condiciones específicas en el caso de compra de participaciones en empresas que desarrollan actividades de relevancia en el sistema de defensa y seguridad nacional.

Asimismo podrá ejercer veto a la adopción de medidas por parte de esa empresa relativas a modificaciones en su objeto social y oponerse a la compra de participaciones en una compañía estratégica para la defensa nacional por parte de un sujeto que pueda alcanzar con esa operación el derecho a voto en sus órganos de decisión.

La Comisión Europea (CE) consideraba que esos poderes especiales reconocidos en la legislación que hasta ahora tenía Italia constituyen restricciones injustificadas a la libre circulación de capitales y el derecho al establecimiento de una empresa, lo que hace menos atractiva la inversión.