Lisboa, 1 sep.- El Gobierno portugués avisó hoy de que la última anulación judicial a una ley gubernamental que representaba un ahorro de 900 millones de euros en el sector público supone una traba para cumplir con lo pactado con la "troika" de acreedores internacionales.
A pocas semanas de que las cuentas del Estado se sometan a un nuevo examen de la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el líder del Ejecutivo, Pedro Passos Coelho, ha insinuado en los últimos días que el país se podría ver forzado a otro rescate si no cumple con los ahorros exigidos.
Hoy mismo, durante la clausura de la universidad de verano del partido que lidera, el Social Demócrata (PSD, centroderecha), el jefe de Gobierno no ha especulado sobre la posibilidad de un nuevo rescate, pero sí resaltó que el gasto público "hay que bajarlo" y de forma "duradera".
Passos Coelho lamentó haber encontrado tantas dificultades para poner en marcha en el sector público la reforma que le exige el rescate después de que el veredicto del pasado jueves se uniera al de abril de este año, cuando el Tribunal Constitucional ilegalizó una batería de leyes que representaban un ahorro de 1.300 millones.
El primer ministro censuró la interpretación demasiado "literal" del principio de confianza invocado por los jueces del alto tribunal, que consideraron que la ley que facilitaba las rescisiones en el funcionariado violaba la promesa de estabilidad de empleo asumida por el Estado y consagrada en la Constitución.
"Tenemos un problema para resolver y, si no lo resolvemos, alguien tendrá que hacerlo por nosotros", observó el primer ministro, quien, no obstante, garantizó que presentará rápidamente una alternativa de ahorro a la "troika", aunque -reconoció- no tan buena como la norma invalidada en el tribunal.
El Ejecutivo, ampliamente reformado en julio para resolver las tensiones entre el PSD y sus socios democristianos, afronta a mediados de este mes la octava y novena evaluación trimestral de la UE y el FMI en la que Passos Coelho barruntó obstáculos por el historial de contratiempos judiciales.
"Hoy voy a las negociaciones (con la 'troika') con más dificultades. Hoy ya no tengo la misma convicción para decir a la 'troika' que no habrá problemas", recalcó, al tiempo que aseguró que como Gobierno siente el "deber cumplido", pues hizo "todo" lo que estaba en sus manos.
La ley que facilitaba una reducción del número de trabajadores públicos, unos 600.000 en Portugal, el 13 % de la población activa, fue examinada por los jueces del Constitucional a instancias del presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, encargado de promulgar las leyes.
Otra de las normas de aún podría ser evaluada por el alto tribunal es la que decreta el aumento de la jornada laboral de 35 a 40 horas semanales entre los trabajadores públicos, pues, a pesar de que Cavaco Silva la promulgó, la oposición ya anunció que pedirá al tribunal una apreciación legal.
En un largo discurso ante militantes del PSD, Passos Coelho concluyó que Portugal tiene condiciones para vencer la crisis -a pesar de la dura recesión y la elevada tasa de desempleo (16 %)- y aseguró que las reformas económicas comienzan a dar sus frutos a la luz del crecimiento del PIB en el segundo trimestre del año.
Aprovechó también para criticar el papel del principal partido de la oposición, el Socialista (PS), distanciado totalmente del Ejecutivo a pesar de haber integrado el gobierno cuando firmó las condiciones del actual rescate en mayo de 2011 por 78.000 millones de euros.
El líder de los socialistas, António José Seguro, aludió este fin de semana a la polémica en torno al veredicto del Constitucional y alertó que son la "incompetencia" y las "políticas equivocadas" del Ejecutivo las que pueden llevar a Portugal a un nuevo rescate financiero.
En un mitin en la universidad de verano de su partido, Seguro rechazó "más cortes" en las funciones sociales del Estado y avisó que si los mismos avanzan, empobrecerán la escuela pública, la calidad y el acceso a la prestación de cuidados de salud y servirán para "recortar todavía" más el sistema de pensiones.
La reforma del Estado a la que se refiere Seguro pretende ahorrar de manera permanente 4.700 millones de euros en el gasto público y está incluida en los compromisos del Ejecutivo con la "troika".
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