El nuevo decreto excluye a la mayoría de afectados por desahucios, según PAH

Barcelona, 16 nov.- El nuevo Real Decreto sobre desahucios excluye a la mayoría de los afectados y es tan restrictivo que no hubiera servido en el caso de la vecina de Barakaldo (Vizcaya) que se suicidó la pasada semana a la llegada de la comitiva judicial, según ha asegurado hoy la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

La activista de la PAH Ada Colau, el abogado de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Girona Miquel Batllori y el responsable de la comisión normativa del Colegio de Abogados de Barcelona, Jesús Sánchez, han coincidido hoy en considerar, en una conferencia en Barcelona, que el nuevo Real Decreto es "inconcreto, incompleto y vergonzoso".

Colau ha considerado que la nueva norma "excluye a la mayor parte de los afectados" y "es tan restrictivo y perverso que una familia con niños menores de tres años sí se podrá acoger, pero si tienen dos niños de cuatro años, quedarán fuera".

Sánchez ha precisado que el recién aprobado Real Decreto tendrá tan poca repercusión como el código de Buenas Prácticas, que ha resuelto tan solo unos 150 casos en España desde que se aprobó.

"Es un pequeño parche que no afronta el problema", ha argumentado el letrado Batllori, que ha lamentado que no se haya tenido en cuenta una propuesta aprobada por unanimidad en el Parlament de Cataluña que instaba a regular el sobreendeudamiento de las personas físicas y aceptar la dación en pago.

La activista de la PAH ha apostado por "aumentar la presión social y realizar nuevas actuaciones" de protesta.

Así, a partir del próximo lunes esta organización va a presentar escritos colectivos en los Juzgados de Primera Instancia de toda España en los que se solicitará la paralización de las ejecuciones hipotecarias, por violar los derechos humanos de los afectados.

Batllori ha informado de que el Consejo de la Abogacía de España se ha adherido a esta petición y ha pedido la movilización de todo el sector jurídico, como secretarios judiciales y funcionarios, además de los 120.000 abogados de España.

Jesús Sánchez ha argumentado que los jueces podrían plantear, antes de ejecutar los procedimientos, una cuestión prejudicial en el sentido de que deben esperar otra resolución del Tribunal de la Unión Europea, cuyo ponente ya se ha mostrado disconforme con la situación de los desahuciados en España.