EFE
El Parlamento chipriota se reúne hoy para debatir y previsiblemente votar el plan elaborado por el Gobierno como alternativa a las propuestas del Eurogrupo, mientras el tiempo apremia por el temor a una bancarrota desordenada.
"Con datos que cambian continuamente, cada minuto que pasa puede conducir al país a la bancarrota desordenada", advirtió hoy Bambos Jaralambús, jefe de prensa de la oficina presidencial en unas declaraciones a la cadena de televisión privada "Mega".
Jaralambús subrayó que Chipre no se plantea una salida del euro y manifestó su esperanza de que el Parlamento apruebe el paquete de medidas y que la troika también lo acepte.
El Parlamento tiene previsto votar un total de nueve borradores de ley, en lo que se ha conocido como el "plan B", con el que se pretende reunir los 5.800 millones de euros que exige la troika a cambio del rescate de 10.000 millones de euros.
La serie de leyes contemplan, entre otros, la creación de un Fondo Nacional de Solidaridad y la restricción del movimiento de capitales, la consolidación de las entidades financieras e incluso una nueva variante del controvertido impuesto sobre los depósitos privados.
Los detalles de la configuración de este impuesto todavía no han trascendido, si bien el Gobierno dejó ayer claro que en ningún caso se gravarán los depósitos por debajo de los 100.000 euros.
Dentro de la consolidación de las entidades financieras está incluida la reestructuración del Laiki Bank, el segundo mayor del país, y su separación en un banco "bueno" y uno "malo".
Ante la inseguridad que generó el anuncio de esta reestructuración y las colas que se formaron en los cajeros automáticos, el banco anunció que por la gran demanda en efectivo, el límite de retirada de dinero de los cajeros queda de momento en 260 euros diarios, en lugar de los 1.000 habituales.
El borrador de ley sobre las restricciones a los movimientos de capital pretende evitar una fuga de depósitos en el momento en el que los bancos chipriotas reabran sus puertas, algo previsto para el martes.
Según esta ley, el ministro de Finanzas o el gobernador del Banco Central podrán establecer los límites por decreto, una medida que demandaba la delegación de la troika internacional presente en Chipre.
Al denominado Fondo Nacional de Solidaridad se destinarán parte de las reservas de los fondos de pensiones y del seguro médico de los empleados públicos.
El fondo estará abierto a las donaciones de ciudadanos y empresas privadas, y podría incluir más adelante la oferta de la Iglesia de Chipre de hipotecar sus "inmensas propiedades" e incluso de posibles derivados financieros creados en base a las eventuales ganancias futuras de la extracción del gas.
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