Jubilarse a los 70 años y acreditar 40 años de cotización para cobrar el 100% de la pensión. Éste es el marco legal que, según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), un laboratorio de ideas e informes sobre economía vinculado a CEOE, debería salir del proceso de reforma de las pensiones para que ésta garantice de verdad el sostenimiento del sistema público a medio y largo plazo.
El instituto entiende que la introducción del factor de sostenibilidad y la vinculación de la actualización de las pensiones tanto a la evolución de la economía como a los recursos disponibles por ingresos por cotizaciones, y no a la inflación cómo venía sucediendo hasta ahora, es un avance positivo, pero es "lo mínimo que había que hacer".
En su opinión habrá que ir más allá para evitar que el gasto en pensiones devore el gasto público y convierta los presupuestos en algo totalmente insostenible.
En 2014, recuerda el IEE, el gasto en pensiones aumentará un 5% mientras que la economía lo hará únicamente un 2%.
Pero no es este desajuste entre la evolución de la factura de las pensiones y el crecimiento nominal de la economía en indicador más alarmante. El repunte de la economía tardará en filtrarse al empleo y la primera consecuencia de esto es que el próximo año los ingresos por cotizaciones sociales no sólo no subirán, sino que caerán un 5%.
Además, los trabajadores que llegan a la jubilación lo hacen con una nómina mensual muy por encima de la pensión media: más de 1.400 euros mensuales por los 1.100 de la pensión media.
¿Cómo hacer sostenible un sistema en el que los gastos aumentan exponencialmente y los ingresos no responden a esas exigencias? Difícilmente.
Sin embargo, al margen de este desajuste estructural, el IEE considera que el desequilibrio del sistema español de pensiones es más profundo. "Tenemos el sistema público de pensiones menos contributivo de Europa", asegura el presidente del IEE, José Luis Feito.
¿Qué significa esto? Pues, básicamente, que los españoles a la hora de jubilarnos estaríamos obteniendo un rendimiento de nuestra vida como cotizantes sensiblemente superior al de nuestros vecinos europeos.
Las cifras dicen que nos jubilamos comparativamente más tarde que otros europeos y necesitamos menos años de trabajo para conseguir el 100% de la pensión, con el factor añadido de que sólo se nos tienen en cuenta los últimos 15 años cotizados, hasta hace bien poco, los mejores de nuestra vida laboral.
¿Qué propone el IEE? En primer lugar, jubilarse más tarde. En lugar de los 65 años y un mes actuales o los 67 fijados en la ley a partir de 2027, la idea sería elevar la edad legal de jubilación a los 70 años.
El segundo ajuste afectaría a los años de trabajo necesarios para obtener el 100% de la pensión. Este año ese periodo necesario es de 35 años y 3 meses, al final del recorrido que establece la reforma de las pensiones aprobada en 2011, 2027, sería de 38 años y medio. Para el IEE ese periodo debería elevarse hasta 40 años.
Por último, el periodo tomado como referencia para calcular la pensión debería ser toda la vida laboral.Importante, pero no suficiente
Siendo, a juicio de los investigadores del IEE, la reforma más relevante por el lado del gasto que el Gobierno debe afrontar en los próximos años para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas, consideran que no será la única y que incluso sería insuficiente si no se adoptaran otras medidas.
Por ejemplo, la reforma de las prestaciones por desempleo. La crisis ha suavizado el discurso del instituto respecto a este tipo de prestaciones. Si hace cuatro o cinco años admitían abiertamente que tanto su cuantía como su duración constituían un claro desincentivo para buscar un trabajo, ahora se limitan a solicitar una reforma que las haga más eficientes.
¿En qué sentido? Se trataría de reducir la cuantía de la prestación durante sus primeros meses de disfrute y, a cambio, incrementar y extender el subsidio que perciben los parados que ya tienen muy pocas posibilidades de reintegrarse en el mundo laboral.
Otro campo de actuación serían las infraestructuras. José Luis Feito, presidente del IEE y también de la patronal de empresas concesionarias de autopistas de peaje (Aseta), asegura que tarde o temprano el Gobierno deberá instaurar peajes en las autovías, particularmente en las de alta capaciadad, para garantizar su mantenimiento.
"Es una asunto que tiene coste político y, como tal, el Gobierno tratará de retrasar su puesta en marcha todo lo posible, pero no va a quedar más remedio que hacerlo". En su opinión, la alternativa es no mantener la red de autovías y esa política, que se está aplicando ahora, en su opinión, es algo que no puede sostenerse durante mucho tiempo.
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