El traje a medida de Loterías y Apuestas del Estado

Tres años, como mínimo, hemos tenido que esperar para que el Gobierno español cumpliera su obligación de modernizar la legislación sobre juego, presentando un proyecto de ley que regulará de forma integral todas las actividades de juegos y apuestas, y especialmente las nuevas formas de jugar, a través de sistemas interactivos basados en comunicaciones electrónicas.

Finalmente, el pasado viernes 4 de febrero, el Gobierno, a través del Consejo de Ministros, aprobó el Proyecto de Ley de Regulación del Juego, que ahora se debe remitir a las Cortes para su tramitación parlamentaria.

La elaboración de este Proyecto no ha estado exenta de polémica. Para empezar, no sólo por lo que se ha tardado en regular, sino también por el órgano dentro de la Administración que ha impulsado y ha llevado a cabo la elaboración de los distintos borradores de anteproyecto, Loterías y Apuestas del Estado (LAE), lo cual da que pensar: ¿hasta que punto el Proyecto no es un traje a medida de LAE, que precisamente, pronto, se va a convertir en un operador semiprivado?

Tampoco el contenido de los sucesivos borradores que se han ido haciendo públicos con cuentagotas ha contentado a nadie.

Absolutamente todos los interesados en la regulación del sector, entre ellos, las Comunidades Autónomas (CCAA), los operadores de juego presencial, los representantes del juego online, las asociaciones profesionales del deporte (LFP, ACB), la ONCE, e incluso los propios jugadores, han presentado alegaciones contra el anteproyecto preparado por LAE, advirtiendo de importantes modificaciones que debían realizarse para que la nueva regulación sea la adecuada y no fuera contraproducente.

Parece que, al final, en el Proyecto ahora aprobado, el Gobierno ha recapacitado en cierta medida, y ha realizado algunas modificaciones que deben analizarse a fondo para acabar de limar ciertas asperezas.

Seguramente, no obstante, estas modificaciones se han debido más a la insistencia de las CCAA en que se regule el juego online de una forma favorable a sus propios intereses, y al riesgo factible de que el nacimiento de la Ley pudiera ser abortado por las CCAA por posible inconstitucionalidad.

Recordemos que las CCAA tienen cedidas las competencias para regular las actividades de juego en sus propios territorios. De hecho, las CCAA han conseguido las principales exigencias que ponían para la aprobación del Proyecto: controlar la regulación del sector (a través de un Consejo de Políticas de Juego formado por el Estado y las propias CCAA; se ha despojado por tanto a la Comisión Nacional del Juego de sus facultades regulatorias); y que la práctica totalidad de los ingresos por tributación del juego online será para las CCAA (está por ver si el Estado intentará compensar dichos ingresos del juego con otras partidas presupuestarias).

Para las empresas de juego online, las modificaciones realizadas en el Proyecto, especialmente en materia tributaria, constituyen un cierto avance.

Se reconoce la particularidad de determinadas modalidades de juegos, que claramente no podían existir con una tributación sobre ingresos brutos, como se había planteado en los anteriores borradores. En el Proyecto ahora presentado, sólo las apuestas mutuas tributan sobre ingresos brutos; las demás, sobre el neto.

No obstante, todavía hay mucho por hacer. La tributación planteada en el Proyecto es ahora muy alta en comparación con otros países de nuestro entorno, no solo por el tipo de gravamen, sino también, porque se ha incluido una nueva tasa del 0,1% sobre los ingresos brutos de explotación, que los operadores de juego deberán abonar para sufragar los gastos de la nueva Comisión Nacional del Juego.

Por otro lado, la carga fiscal no es en absoluto neutral para las distintas modalidades de juego, aspecto que la propia Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha cuestionado.

Un tratamiento fiscal distinto para cada modalidad de juego debe fundamentarse adecuadamente, apunta la CNC, incluida la exención tributaria que se mantiene para los juegos de lotería de LAE y ONCE.

Respecto a este último punto, la CNC advierte que LAE podría utilizar esta ventaja para hacer más atractiva su modalidad de loterías tradicionales frente a otras modalidades e "incluso, para mejorar su posición competitiva en las modalidades abiertas al mercado en las que participen en competencia directa con otros operadores".

No sólo debemos trabajar todos juntos para perfeccionar este régimen fiscal. A mi juicio, hay otros puntos importantes que deben mejorarse o que aún no se han contemplado.

Entre otros, por ejemplo, la validez en todo el territorio nacional de las licencias ya otorgadas a nivel autonómico para juego online; la conveniencia de hacer responsables solidarios a los medios publicitarios o entidades que publiciten los juegos; el régimen transitorio de la ley y su desarrollo; o la consideración de determinadas modalidades de póquer como un deporte y no como un juego de azar (punto que a nivel internacional ya empieza a reconocerse).

Se ha tardado mucho en presentar esta Ley, que además aun está pendiente de aprobación y desarrollo reglamentario (nota mental para todos, el desarrollo reglamentario es tanto o más importante que la propia Ley).

Aprovechemos la experiencia ya adquirida por otros países que ya han regulado. Tanto la de aquellos países que lo han hecho muy bien, como Reino Unido, como la de los que ahora se están arrepintiendo, como Francia.

Reflexionemos bien, discutamos, busquemos el consenso entre todas las Administraciones, agentes y jugadores; adelantémonos a la posible, y a mi juicio necesaria, armonización del juego online a nivel europeo.

No sea que al final vayamos a regular el juego online tarde, y, además, mal; y perdamos la apuesta.