El Tribunal de Cuentas de Italia ha sancionado a un total de diez concesionarios italianos de red de máquinas recreativas con 2.500 millones de euros, de los cuales 115 millones, más intereses, corresponden a Codere Network, que recurrirá dicha sentencia, al considerar que ha cumplido en todo momento con las normas aplicables a su negocio y operaciones.
La causa se inició en 2007, fecha en la que el total de sanciones era de 98.000 millones de euros, de los cuales 3.500 millones se imputaron a Codere Network, ha informado la compañía este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En un comunicado, la Asociación Italiana de Concesionarios de las máquinas recreativas (Acadi) -que está constituida por Cirsa, Codere, Cogetech, GMatica y SisalSlot- calificó la sanción de "sorprendente y del todo injustificada" y anunció que "es bastante probable" que todos los actores involucrados recurrirán en apelación.
Además, Acadi señaló que "sólo gracias a las importantes inversiones" de los concesionarios ha podido tener un "resultado positivo" la estrategia del Estado para sustituir el juego ilegal "con la oferta de juego legal, controlado y seguro".
Así, estimó que los ingresos del Estado garantizados por las máquinas en siete años (2005-2011) ascendieron a casi 20.000 millones de euros, con lo que consideran "haber cumplido con sus deberes principales".La apelación de codere suspende la aplicación
La apelación por parte de Codere Network suspenderá la ejecución de la sentencia y, por tanto, cualquier pago hasta que dicho procedimiento este resuelto.
Codere mantiene que esta resolución no tiene en cuenta "elementos numerosos y esenciales contenidos" en la valoración realizada por Digit Pa, asesor técnico nombrado por el propio Tribunal de Cuentas, al tiempo que sostiene que dichos elementos junto con los argumentos que defiende su filial italiana prueban la ausencia de responsabilidad.
Adicionalmente, según explica la compañía, la decisión del Tribunal de Cuentas no motiva ni contiene evidencia de la existencia de daño fiscal al Estado.
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