La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha acordado este martes por unanimidad proponer al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que la medida de apoyo judicial para el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla quede limitada a la comisión de servicio que ya viene desarrollando el magistrado Álvaro Martín, lo que implica revocar la comisión de servicio concedida inicialmente a la juez Mercedes Alaya para investigar los ERE fraudulentos y el delito societario de Mercasevilla.
En un comunicado de prensa, el Alto Tribunal Andaluz ha informado de que la Sala de Gobierno ha acordado elevar al CGPJ el informe solicitado respecto a la medida de apoyo en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, cuya titular es María Núñez Bolaños, "en el que se analizan y valoran las circunstancias que se han producido" y donde, tras diversas valoraciones previas, se acuerda someter a la consideración del CGPJ que la medida de apoyo judicial quede limitada a la comisión de servicio que ya viene desarrollando Álvaro Martín.
Este magistrado "quedará integrado plenamente en el refuerzo para la tramitación" de tres 'macrocausas', como son el caso ERE, las irregularidades en los cursos de formación y los avales y préstamos concedidos por IDEA, todo ello "sin perjuicio de otras medidas de refuerzo y de colaboración futura".
La Sala de Gobierno entiende "conveniente" el plan de refuerzo inicialmente diseñado para el Juzgado, por el que se asignó el caso ERE y el delito societario de Mercasevilla a la juez Alaya, pero considera que el mismo debe variar por "las especiales circunstancias que concurren, determinadas por vicisitudes posteriores al primitivo Acuerdo de 23 de junio".
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