Empresa india Jindal gana arbitraje contra Bolivia por proyecto siderúrgico

Nueva Delhi, 25 ago.- La Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de París se pronunció a favor de que el Gobierno boliviano pague 22,5 millones de dólares a la empresa india Jindal por el fracaso del mayor proyecto siderúrgico de Bolivia.

La CCI-París ordenó que la entidad boliviana Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) devuelva a Jindal el dinero que la empresa india presentó por adelantado como "garantía del proyecto" -18 millones de dólares más intereses-, según un comunicado de la compañía asiática.

El tribunal internacional aseguró que el Gobierno de Bolivia no tenía derecho a "cobrar las garantías (...), por lo que con el cobro la entidad pública ESM violó las obligaciones contractuales respecto a Jindal", recoge la nota.

Jindal ha solicitado a la CCI-París un segundo arbitraje en relación con el proyecto, en el que invirtió "decenas de millones de dólares" y en el que ahora reclama el reembolso de "100 millones de dólares (...) por daños derivados de la rescisión del contrato".

Sin embargo, el procurador general del Estado de Bolivia, Héctor Arce, ya había adelantado el pasado mes de junio que no aceptarán el veredicto en el arbitraje de CCI-París, pues "no tiene ninguna base jurisdiccional" y "no va a ser reconocido jamás" por el Gobierno.

Jindal fue contratada en 2007 para explotar la mitad de la mina Mutún, yacimiento situado en la región de Santa Cruz (este), limítrofe con Brasil y Paraguay, que contiene 40.000 millones de toneladas de distintos minerales, principalmente hierro.

La firma india abandonó el proyecto en julio de 2012, en medio de una investigación oficial por supuestos incumplimientos del contrato.

El Ejecutivo boliviano acusó a la firma india de no haber realizado las inversiones comprometidas e incluso la multó con el cobro de dos garantías bancarias.

Jindal adujo por su parte que las autoridades no facilitaron su trabajo, poniendo trabas a su acceso a la mina, y que tampoco le otorgaron la suficiente seguridad jurídica.