España aportará hasta 6.000 millones al mecanismo único de resolución

El Consejo de Ministros aprobó este viernes el anteproyecto de ley de resolución bancaria que establece la creación de un fondo nacional de resolución que de forma progresiva se irá integrando en el Mecanismo Único de Resolución (MUR) europeo.
Así, según explicó el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior al a reunión del Consejo de Ministros, la aportación del fondo nacional al MUR representará al menos el 1% de los depósitos garantizados de todas las entidades financieras, lo que supondrá “entre 5.500 y 6.000 millones de euros”.
El anteproyecto establece también que la aportación al Fondo de Garantía de Depósitos pasará a ser del 0,8% de los depósitos garantizados de las entidades.
No obstante, la dotación de estos dos fondos no supondrá un mayor esfuerzo para las entidades, sino que se corresponde con las aportaciones que actualmente realizan al Fondo de Garantía de Depósitos.
Por otro lado, el anteproyecto, que traspone la directiva europea en esta materia, establece que el Frob pase a ser una entidad "independiente" con un presidente nombrado por el Gobierno que representará a España en el Mecanismo Único de Resolución (MUR) europeo.
Esta medida, que entrará en vigor tras su tramitación parlamentaria en marzo o abril, recoge que el mandato del nuevo "presidente independiente" del Frob tendrá una duración de 5 años y las causas para justificar su cese estarán "muy acotadas".
Además, esta ley establece, entre otros aspectos, un nuevo orden para la absorción de las pérdidas de las entidades, en el que los depositantes minoritarios pasan a ser los últimos que tendrán que soportar estas pérdidas.
Este nuevo marco de absorción de las pérdidas, que entrará en vigor en el año 2016, establece el orden de prelación situando a los accionistas en primer lugar, seguidos por los acreedores de deuda junior, los de deuda senior y depositantes mayoristas, a continuación los depositantes de pymes y personas físicas, y, por último, los depositantes minoritarios (menores de 100.000 euros).
Además, con la trasposición de la directiva antes de inyectar dinero público en una entidad, los pasivos deberán absorber un 8% de las pérdidas. Una vez cubierto ese porcentaje, se inyectaría dinero procedente del fondo europeo hasta un 5% adicional y, si hay una necesidad superior a ese 13%, lo que implicaría una “situación catastrófica”, se harían nuevas quitas.
Establece también que los bancos deberán elaborar programas preventivos para aplicarse en el caso de que sea necesario resolver la entidad.
Estos planes, que cada banco diseñará junto al Banco de España, supondrá un “plan b” que “hará más fácil su resolución”, garantizando que la entidad tenga “suficientes pasivos que puedan absorber pérdidas fácilmente”.
Este nivel de pasivos que deberá tener cada entidad y que deberá incluirse en cada programa preventivo se fijará “banco a banco”.
Por último, el anteproyecto establece cómo se interrelacionarán las instituciones nacional con el Mecanismo Único de Resolución (MUR) europeo. En concreto, el órgano supervisor, el Banco de España, será quien apruebe y eleve al MUR los programas de prevención.
Por su parte, si hay algún fallo y hay que resolver algún banco y aplicar esos planes será el órgano de resolución el encargado de resolverlo, es decir, el Frob. No obstante, para todos aquellos bancos con activos por encima de los 30.000 millones de euros, es decir, el 90% en España, la decisión final se dará en Europa.