Madrid, 20 nov.- Los tres antiguos miembros de la Comisión Ejecutiva de la desaparecida Caja Castilla La Mancha (CCM) que han declarado hoy como imputados en la Audiencia Nacional han asegurado que se limitaron a aprobar operaciones que contaban con el aval previo del área y el Comité Superior de Riesgos.
Durante su comparecencia ante el juez Pablo Ruz, los tres exdirectivos de la caja, Federico Andrés Rodríguez Morata, Tomás Martín-Peñato Alonso y Florencio Fernández Gutiérrez, han coincidido en señalar que no tenían capacidad ejecutiva y que aunque cobraban una dieta por asistir a las reuniones de la Comisión su actividad laboral era otra, han informado fuentes jurídicas.
Así, Rodríguez Morata era catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha y Fernández Gutiérrez era alcalde de Urda, para cuyo Ayuntamiento fue elegido en las listas del PSOE; mientras que Martín-Peñato había presidido la entidad entre 1995 y 1998.
Ruz interrogará mañana a otros cuatro exmiembros de la Ejecutiva: José María Fresneda, Emilio Sanz Sánchez, Carlos Jiménez Morante y José Fermín Sánchez Bódalo.
Según las fuentes consultadas, los exdirectivos han explicado que las operaciones que se sometían a su aprobación habían sido estudiadas antes tanto por el área de riesgos de la caja -que valoraba la solvencia de quienes pedían los préstamos- como por el Comité Superior de Riesgos, que tenía también en cuenta la vertiente comercial.
Los imputados han dicho que, con la información de la que disponían, solo podían dar su visto bueno a las operaciones, y han añadido que en caso de que los informes de los encargados de valorar el riesgo hubieran sido desfavorables no las hubieran autorizado.
También han asegurado que es ahora cuando están conociendo las circunstancias de algunos de los préstamos, por ejemplo de uno que se concedió a una sociedad participada de la caja para adquirir terrenos de una sociedad en quiebra.
La fiscal les ha preguntado entonces por qué no solicitaron más información sobre las operaciones, a lo que han respondido que confiaban en el trabajo previo desarrollado por los órganos de la entidad.
El Banco de España apreció "actuaciones contrarias a la normativa bancaria y mercantil" en relación con varias operaciones aprobadas por la Comisión Ejecutiva, como los créditos a Luis Portillo-Inmobiliaria Colonial, Kopan Cartera, T-Solar Global, Renovalia y Grupo Lábaro por un total de 253,8 millones de euros.
Los antiguos miembros de la Comisión Ejecutiva fueron citados por Ruz a petición de la Fiscalía por haber aprobado lo que ésta denominaba "una serie de operaciones singulares" que derivaron en perjuicio para la caja, que según el supervisor presentaba un agujero patrimonial de 267 millones.
En un auto notificado el pasado 15 de octubre, el juez recordaba que, hasta ahora, solo uno de los integrantes de la Ejecutiva, el expresidente de la caja Juan Pedro Hernández Moltó, había prestado declaración como imputado, por lo que procedía interrogar a quienes "de igual manera que el primero habrían participado en la toma de decisiones".
También está imputado el exdirector general de CCM Ildefonso Ortega, que formaba parte del Comité Superior de Riesgos.
La investigación sobre las supuestas irregularidades en la caja se inició en 2010 a raíz de una querella presentada por seis representantes del PP que formaban parte de la asamblea general de CCM antes de que la entidad fuera absorbida por Cajastur, hoy integrada en Liberbank.
La caja castellanomanchega fue la primera entidad española en ser intervenida después de que en marzo de 2009 el Consejo de Ministros aprobara una inyección de fondos públicos de 9.000 millones de euros.
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