La Paz, 17 jul.- Fiscales y policías allanaron la sede en Bolivia de la empresa argentina AESA y confiscaron documentos, como parte de una investigación por supuesta corrupción de funcionarios de la petrolera estatal boliviana YPFB que adjudicaron una obra a esa firma, informaron hoy fuentes oficiales.
La sede de Astra Evangelista Sociedad Anónima (AESA) en la ciudad oriental de Santa Cruz fue allanada el lunes, indicó a Efe una fuente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El fiscal Carlos Candia encabezó la operación y secuestró documentos de la empresa sobre la adjudicación en 2010 de la construcción de una planta separadora de líquidos del gas natural en Río Grande, pueblo del departamento de Santa Cruz.
Candia, que estuvo acompañado por la abogada de YPFB Mónica Martínez, dijo a periodistas que dos ejecutivos de AESA fueron notificadas para que declaren la próxima semana.
"Hemos secuestrado los contratos y hemos entregado dos requerimientos fiscales para dos de sus ejecutivos", dijo Candia, que investiga la denuncia de un funcionario de YPFB de que AESA supuestamente hizo pagos ilegales para ganar la construcción de esa planta que costará 160 millones de dólares.
Hizo la denuncia Agustín Ugarte, preso con el también destituido gerente de Plantas de Separación de Líquidos de YPFB, Gerson Rojas.
YPFB acusó a ambos de enriquecimiento ilícito tras decomisar al segundo una caja de seguridad con 90.000 dólares y anotaciones sobre grandes movimientos bancarios.
La supervisora de Medioambiente de AESA, Brenda Avilés, está detenida desde el viernes pasado y su hermana Vanessa, que tenía una relación amorosa con Rojas, está prófuga, según los fiscales.
El abogado de AESA, Raúl Paniagua, negó la denuncias, dijo a la prensa que la firma cooperará con la investigación e informó que ha denunciado a Ugarte por acusación y denuncia falsas.
La obra tiene un avance del 70 % y será entregada en 2013 para procesar hasta 5,6 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, para producir gas licuado y gasolina.
YPFB adelanta una auditoría sobre la licitación de esa obra y de otra adjudicada en 2011 a la española Técnicas Reunidas.
El escándalo recuerda otro de 2009 que derivó en una condena de 12 años de cárcel para el entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez, cercano colaborador del presidente Evo Morales, por delitos en la contratación de una empresa argentino-boliviana.
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