Washington, 6 oct.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó hoy cambios graduales en los contratos internacionales de reestructuración de deuda soberana para evitar casos similares a la batalla legal que actualmente vive Argentina con un grupo minoritario de acreedores que no aceptaron el canje de deuda.
El consejero legal del Fondo, Sean Hagan, en un reporte enviado al Directorio Ejecutivo del organismo, advirtió de los "riesgos significativos de que el proceso de reestructuración de la deuda soberana se convierta en más complicado", al comentar la decisión de un tribunal de Nueva York en el caso de Argentina.
El reciente fallo del juez federal Thomas Griesa dio la razón al grupo de acreedores minoritarios que se desmarcaron del canje de deuda alcanzado por el gobierno argentino con más del 90 % de los acreedores tras la suspensión de pagos del país.
"Estas decisiones han incrementado el riesgo de que los acreedores que no acepten las reestructuraciones se multipliquen, ya que ahora tienen la capacidad de extraer un retorno preferencial fuera del canje de deuda", indicó el reporte del FMI.
No es la primera vez que el Fondo recomienda reformar estas reestructuraciones, y aunque no puede obligar a realizar estos cambios, sí que puede instar a sus 188 países miembros a adoptar modificaciones.
El caso argentino ha supuesto un quebradero de cabeza legal y financiero, ya que al dar la razón los tribunales a los fondos de inversión que se negaron a aceptar el canje, abren la puerta a que futuros procesos de reestructuración internacionales se vean en peligro por el respaldo otorgado por la decisión de Griesa.
Los procesos de reestructuración se basan en la premisa de que los tenedores de bonos aceptan renunciar al cobro de una parte o alargar los plazos de pago, como mejor salida ante una suspensión de pagos de un gobierno.
La propuesta del Fondo es otorgar mayor poder al grupo mayoritario de acreedores que negocien la reestructuración.
En el caso argentino, los fondos de inversión llevaron a los tribunales al gobierno de Buenos Aires por su suspensión de pagos de 2001, tras negarse a entrar en los canjes de deuda de 2005 y 2010 en los que ofrecía un descuento, y exigir así la restitución completa de lo adeudado
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