París, 11 feb.- El Gobierno francés va a someter a la Comisión Europea una estructura de titularidad pública que pretende crear para resolver la cuestión de la financiación de los ayuntamientos, que está pendiente desde el fiasco del banco franco-belga Dexia.
Esa nueva estructura, según un comunicado del Ministerio de Finanzas, constará en primer lugar de un ente público de financiación que será una filial del banco del servicio de correos La Poste y de la Caisse des Dépôts (CDC), una entidad también de titularidad estatal que entre otras cosas agrupa las participaciones accionariales en manos de la Administración.
Además se creará una nueva entidad de crédito controlada por el Estado francés (31,7 %), la Caisse des Dépots (31,7 %), Dexia Crédit Local (31,7 %) y el banco de La Poste (4,9 %).
Esta nueva creación, a través de "Dexia Municipal Agency" se convertirá en "la herramienta de refinanciación de los préstamos otorgados".
El dispositivo es resultado de un acuerdo entre el Gobierno y los representantes de los ayuntamientos del país una reunión mantenida ayer en el Elíseo en la que participaron el presidente francés, Nicolas Sarkozy, su primer ministro, François Fillon, así como los titulares de Finanzas, François Baroin, Presupuesto, Valérie Pécresse, e Interior y Colectividades Territoriales, Claude Gueant.
El Ejecutivo anticipará a las administraciones locales, de aquí a la puesta en marcha de las nuevas estructuras, una partida de 5.000 millones de euros, de los cuales 2.000 millones disponibles de forma inmediata.
Muchos municipios franceses se encuentran en una situación económica delicada tras el desmantelamiento de Dexia, al que se vieron forzados los gobiernos francés y belga para el salvamento de este banco que era el mecanismo básico para la financiación de las administraciones locales.
La reunión de ayer en el Elíseo sirvió también para constatar el desacuerdo entre la administración del Estado y las territoriales sobre las reglas que el Ejecutivo conservador quiere imponer a estas últimas (en su mayoría en manos de la izquierda) en el diseño y en la ejecución de sus presupuestos.
Sarkozy quiere un "pacto de estabilidad" que defina la evolución de los gastos de regiones y ayuntamientos a partir de 2013, acompañado de un sistema de bonificaciones y penalizaciones en función de la gestión, según ha defendido Pécresse.
Pero tanto el presidente de la Asociación de Regiones de Francia, el socialista Alain Rousset, como el presidente de la Asociación de Alcaldes de Francia, el conservador Jacques Pélissard, se oponen.
En la actualidad esas administraciones ya tienen obligación de equilibrar sus presupuestos de funcionamiento (gastos e ingresos corrientes) y por eso el ejercicio de 2010 pese a la crisis lo cerraron con un déficit de sólo el 0,1 % del Producto Interior Bruto (PIB), frente al 6,3 % del PIB para el Estado ese mismo año.
El Gobierno, sin embargo, les reprocha que entre 1998 y 2009 crearon 430.000 empleos públicos suplementarios con un costo que han ido financiando con un aumento de los impuestos locales.
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