París, 10 oct.- El primer ministro francés, François Fillon, subrayó hoy que el acuerdo con los gobiernos de Bélgica y Luxemburgo para el desmantelamiento de Dexia garantiza "la seguridad" de los clientes y acreedores del banco, así como la preservación de "los derechos y los intereses de los empleados".
En un comunicado, Fillon puso el acento en que los tres ejecutivos que ayer se concertaron sobre el salvamento de Dexia "tomarán todas las medidas necesarias para asegurar la seguridad de los clientes y de los acreedores".
"Estarán particularmente atentos a que se preserven los derechos y los intereses de los empleados del grupo y de sus filiales", que sumaban en total unos 35.200 a finales del primer semestre.
La entidad franco-belga explicó que se propondrá a los 600 que trabajan en la estructura del consorcio su recolocación en alguna de las filiales.
El gabinete del primer ministro francés, que ayer se desplazó a Bruselas para negociar con las autoridades belgas y luxemburguesas, recordó que el principio del acuerdo alcanzado es "una aceleración de las cesiones de activos" de Dexia con "tres operaciones de envergadura".
En primer lugar citó el traspaso de Dexia Municipal Agency, que agrupa la actividad de préstamos a los ayuntamientos a la Caisse des Depots et Consignations (CDC, un organismo financiero francés de titularidad estatal).
A ese respecto, la CDC creará un consorcio junto a la Banque Postale (el negocio bancario del servicio público francés de correos) para mantener la actividad de financiación de los municipios franceses.
La segunda pata del compromiso es una oferta de compra de Dexia Banque Bélgica por el Gobierno belga.
La última es la negociación lanzada por el Estado luxemburgués con "un inversor internacional" para la cesión de la banca internacional en ese país.
Los tres Estados se han repartido las garantías que piensan acordar a Dexia, por un monto máximo de 90.000 millones de euros durante diez años para cubrir sus diferentes necesidades, incluidas obligaciones y otros títulos con vencimiento en ese periodo.
En concreto, Bélgica asumirá un 60,5 %, Francia el 36,5 % y Luxemburgo el 3 % restante y todo ello "conforme a las exigencias europeas. De hecho, el plan se someterá a la Comisión Europea y a las instancias competentes para que se pueda aplicar "en el plazo más breve posible".
En su comunicado, el gabinete de Fillon hizo hincapié en que ese dispositivo pone en evidencia "los esfuerzos importantes desplegados por los gobiernos belga, francés y luxemburgués en favor de la estabilidad financiera en la zona euro".
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