Gaesco denuncia que cooperativas venden VPO a un precio superior al legal

  • La patronal sevillana de la construcción Gaesco ha denunciado hoy la venta de viviendas protegidas por parte de cooperativas a un precio superior al que marca la ley para este tipo de edificaciones.

Sevilla, 29 feb.- La patronal sevillana de la construcción Gaesco ha denunciado hoy la venta de viviendas protegidas por parte de cooperativas a un precio superior al que marca la ley para este tipo de edificaciones.

Gaesco ha expresado esta queja a la directora general de Vivienda de la Junta, Victoria Fernández, con quien un nutrido grupo de empresarios de la construcción se ha reunido para analizar el nuevo reglamento regulador de los registros públicos municipales de demandantes de VPO, que se ha aprobado recientemente.

Respecto a la denuncia de Gaesco, la directora general ha señalado que el precio de la vivienda protegida está claramente fijado en una norma y ha garantizado que la administración vela por que se cumpla correctamente la legislación vigente y por perseguir y sancionar a cualquier agente que realice este tipo de prácticas, ha informado Gaesco en un comunicado.

El reglamento que regula los registros municipales permite a los demandantes tener dos VPO "en casos de transición", a pesar de que el decreto establece que para estar inscrito en el registro municipal y optar a una vivienda protegida se exige con carácter general no ser titular de otra vivienda protegida o libre.

De esta forma, el reglamento facilita la inscripción a demandantes que necesiten una casa por motivos justificados, pese a ser propietarios de otra vivienda libre o protegida o inquilinos de una VPO en régimen de arrendamiento.

Entre estos motivos figuran el aumento de la composición familiar, una discapacidad que implique movilidad reducida o una situación de dependencia sobrevenida.

Además, los registros públicos municipales de demandantes de viviendas protegida permitirán a los ciudadanos renunciar a una VPO por causas económicas o sobrevenidas sin penalización ni pérdida de derechos, como podría ser la falta de financiación hipotecaria para obtener el préstamo o situación de paro sobrevenido o que el inmueble no se ajuste a sus circunstancias familiares.

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