Según la filtración, al menos a 95 empresas, 18 clientes, ocho beneficiarios y 35 accionistas bolivianos habrían recurrido a paraísos fiscales para evadir al fisco, pero no se mencionan nombres, tal y como informa la Agencia Boliviana de Información (ABI).
"Ayer recibimos una respuesta de la vicepresidenta de este consorcio internacional, la señora Marina Walker, que formalmente nos comunicó que debido a que en el caso de Bolivia, si bien estos papeles que se han filtrado de esta firma de abogados, no han podido ser corroborados todavía, eso constituye, para ellos, un impedimento a que nos pueda proporcionar cualquier tipo de información", ha explicado la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Lenny Valdivia.
El Gobierno boliviano quiere conocer "quiénes son estas personas naturales o jurídicas", con el objetivo de verificar que "no se haya cometido ningún tipo de delito que está tipificado y sancionado en el Código Penal" del país sudamericano.
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