Gobierno de Costa Rica celebra reforma fiscal y los empresarios la rechazan

San José, 15 mar.- El Gobierno costarricense celebró hoy la aprobación en primer debate en el Congreso de una polémica reforma fiscal que aportará recursos frescos equivalentes al 1,5 % del PIB (unos 600 millones de dólares), mientras el sector empresarial sigue con su crítica hacia el proyecto.

El Ministerio de Hacienda indicó hoy en un comunicado que esta es "la reforma tributaria más grande y progresiva" que han acordado en el país, ya que "financiará adecuadamente los servicios tales como educación, salud, seguridad y lucha contra la pobreza que presta el Gobierno".

El proyecto fue aprobado anoche con 31 votos a favor y 19 en contra, pero aun no hay certeza sobre cuánto entraría a regir la reforma, pues el texto es sujeto de una consulta ante la Sala Constitucional por parte de algunos diputados que se oponen al proyecto, y luego debe ser votado en segundo debate.

No obstante, el ministro de Hacienda, Fernando Herrero, aseguró que la votación positiva en primer debate "es un paso fundamental para contener el riesgo en el que se encuentra la economía nacional" debido al déficit fiscal, que el año pasado cerró en 4,1 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Herrero resaltó que el 74 % de los recursos de la reforma "serán aportados por los estratos de más altos ingresos, permitiendo al sistema una redistribución más justa".

Por su parte, la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) manifestó que el plan fiscal "encarece la formalidad de las empresas y se desincentiva la inversión".

Los empresarios criticaron la creación de un impuesto al valor agregado de 14 % sobre bienes y servicios, ya que consideran que esto encarecerá la operación de los negocios, además del cobro de impuestos a zonas francas.

Añadieron que "el proyecto recién aprobado adolece de medidas que controlen el gasto público y lo hagan más efectivo" y que "la mejor reforma tributaria es una economía que crece en forma sostenida por encima del 6 %".

Otra de las reformas que contiene esta ley, que ha sido el tema central del Gobierno de Laura Chinchilla, son el cobro de renta mundial y global y un impuesto de 2 % a la educación y salud privada, aunque los productos de la canasta básica quedaron exentos de tributos.