Hunosa reactiva la vía civil para reclamar a Victorino Alonso 46 millones

Oviedo, 19 jul.- Hunosa ha reactivado por la vía civil su demanda de 46 millones contra el grupo Victorino Alonso, por la presunta desaparición de más de medio millón de toneladas de carbón de su propiedad y no descarta que pueda abrirse de nuevo la causa penal.

Fuentes de Hunosa han señalado que la vía civil se ha activado de forma automática, una vez que la Audiencia Provincial de Oviedo ha desestimado el recurso de apelación presentado por la empresa minera contra el archivo de la demanda penal contra dos minas del grupo Alonso por estafa, falsedad y apropiación indebida en el almacenamiento de carbón.

El auto de la audiencia, contra el que no cabe recurso y pone fin a la vía penal, establece que "se trata de una cuestión relativa a cumplimiento de los contratos" cuyas "discrepancias deben ventilarse" ante la jurisdicción civil.

Hunosa considera que ahora hay que despejar ahí las dudas planteadas desde el juzgado de Cangas y la Audiencia sobre el origen y calidades de los carbones aportados a última hora por el Grupo Alonso al Almacén Estratégico Temporal (AETC), para sustituir los comprados casi cinco años antes por la compañía pública y por cuyo almacenaje había pagado alquiler durante todo ese tiempo.

"Del resultado de esta controversia podría resultar incluso la reapertura de la causa penal contra el Grupo Alonso", según las mismas fuentes.

Una vez aclarado ese punto, habría que determinar también en qué deviene la investigación sobre un presunto fraude en el cobro de ayudas en 2009 y 2010 que instruye un juzgado de Ponferrada, "una causa que afecta de lleno al Grupo Alonso y en la que habría que determinar los perjuicios económicos sufridos por Hunosa como compradora del carbón producido aquellos años".

También pudiera tener lugar la petición de responsabilidades por valor de 120 millones de euros que ha anunciado el Grupo Alonso, al que ha acusado de "tergiversar la realidad en un intento claro de amedrentar" a la compañía estatal minera para evitar que defienda los intereses públicos.

Aunque los directivos del Grupo Alonso se empeñen en culpar a Hunosa "de los errores de su gestión", la empresa seguirá defendiendo "el buen uso y el control de los bienes y el dinero público para que nadie pueda considerarlos su cortijo particular".

De hecho, la compañía pública "tiene muy claro que el carbón que faltaba en la AETC se comenzó a reponer con otro mineral gracias a sus denuncias", y a pesar de que inicialmente desde el Grupo Alonso se decía que el mineral había desaparecido por acción del viento y de la lluvia del AETC.

El AETC fue una iniciativa adoptada en 2009 del Gobierno central por la que se autorizaba a Hunosa a comprar carbón a las compañías privadas, almacenarlo y venderlo posteriormente a las térmicas.

El Juzgado de Instrucción Cangas de Narcea acordó en enero el sobreseimiento provisional, al considerar que no concurren los elementos necesarios para que pueda hablarse de estafa y porque los hechos denunciados por Hunosa no han sido "debidamente acreditados".

No obstante, admitía que los controles establecidos en el AETC eran "prácticamente ineficaces" debido a que el carbón podría "almacenarse en cualesquiera de las instalaciones de los querellados".