Indígenas y Gobierno acuerdan prohibir minería y condicionar hidroeléctricas

Panamá, 16 mar.- El Gobierno de Panamá y los Ngöbe Buglé alcanzaron un acuerdo esta madrugada para prohibir las explotaciones mineras en la comarca de esa etnia indígena y que también condiciona los proyectos hidroeléctricos en la región.

El presidente de la coordinadora indígena, Rogelio Montezuma, declaró hoy a Efe que el acuerdo, alcanzado al filo de la medianoche, pone fin al diálogo entablado a comienzos de febrero tras unas protestas de los Ngöbe Buglé que dejaron dos muertos y decenas de heridos, incluidos varios policías.

"Lo importante ahora es que el Gobierno cumpla su palabra y la ley sea sancionada", dijo Montezuma en referencia a la norma que regula las actividades mineras e hidroeléctricas, foco recurrente de disturbios en la comarca indígena desde hace más de un año.

El compromiso establece la cancelación de las concesiones mineras en la comarca Ngöbe Buglé y obliga a que los proyectos hidroeléctricos cuenten con el respaldo de las autoridades de esa etnia indígena, según el comunicado emitido por las partes.

"Se ha logrado que (...) se cancelen todas las concesiones otorgadas y vigentes a empresas nacionales y extranjeras para la exploración y explotación de los recursos minerales en la comarca Ngöbe Buglé y áreas anexas (...) y que el Gobierno aceptara derogar la ley por la cual se creaba la Corporación de Desarrollo Minero de Cerro Colorado", dedicada al cobre, dijo el negociador indígena.

"Nos preocupaba que mientras cancelaban concesiones, siguiera vigente esta ley", agregó el líder negociador, que participó en el diálogo con la mediación de la Iglesia católica y la ONU.

Respecto a las hidroeléctricas, "el pueblo es el que va a decidir a un futuro el desarrollo de los proyectos, y ponemos una serie de condicionamientos, porque se trataba de imponer de manera inconsulta lo que se quería desarrollar" en la comarca indígena, agregó.

Ahora, si se quiere hacer un desarrollo hidroeléctrico, es el pleno del Congreso General Ngöbe Bluglé el que debe aprobarlo y "posteriormente llevar a cabo un referéndum (dentro de la comarca indígena) para que la poblaciones involucradas tomen la decisión de si se hace el proyecto o no se hace", aseguró Montezuma.

Sobre el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, en la provincia occidental de Chiriquí, uno de los asuntos más controvertidos, se acordó que una comisión técnica integrada por todas las partes revise su estudio de impacto ambiental, para luego efectuar un peritaje sobre los puntos en controversia, según el comunicado conjunto.

Aunque no se decide su suspensión inmediata, como pedían los indígenas, en caso de que se determine que hay un impacto ambiental negativo, "la finalidad es suspender el proyecto", dijo Montezuma.

Igualmente, agregó, se acordó verificar otros proyectos hidroeléctricos como Tabasará, también en Chiriquí, y Chan 75, en la vecina provincia de Bocas del Toro, fronteriza con Costa Rica.

Montezuma destacó que el acuerdo establece más beneficios económicos para los Ngöbe Buglé a raíz de esta negociación.

El proyecto de ley establece que el 5 por ciento de la facturación anual de "todo emprendimiento hidroeléctrico que se desarrolle" deberá revertir en la comunidad Ngöbe Buglé, y que el 25 por ciento del personal que se contrate debe ser de la comarca.

Otro acuerdo importante, dijo, es instalar una mesa nacional que elabore un Plan Estratégico de Desarrollo de la Comarca, con la participación de las coordinadoras indígenas, el Gobierno, la Iglesia católica y con la asistencia técnica de la ONU.

Explicó que el próximo lunes el proyecto de ley minera se presentará a la Comisión de Comercio de la Asamblea, de modo que el martes pueda ser sometido al primero de los tres debates legislativos necesarios.

"Esperamos no tener que esperar muchos días más" para su aprobación, agregó.

Respecto a las protestas y cortes de carreteras que han seguido protagonizando intermitentemente los indígenas en algunos puntos del país, el dirigente dijo que han pedido su suspensión, pero admitió que hay grupos indígenas disconformes que puedan mantenerlos, de lo que ellos no se hacen responsables.