Industria amplía un año la prestación del Servicio Universal por Telefónica

El Ministerio de Industria ampliará un año más el período de la actual designación de Telefónica como operador obligado a ofrecer las prestaciones incluidas en el servicio universal hasta el 31 de diciembre de 2011.

Industria precisó que esta ampliación es transitoria debido a que en un "corto plazo" se establecerán cambios sustanciales en la normativa relativa al servicio universal.

La medida forma parte del proyecto de Orden Ministerial abordado por el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (CATSI) en su reunión de hoy.

De acuerdo con el Proyecto de Ley de Economía Sostenible, actualmente en tramitación parlamentaria, se incluirá dentro del servicio universal la conexión a la banda ancha a una velocidad de bajada de un mega por segundo.

Asimismo, la Comisión Europea ha lanzado una consulta pública sobre el futuro del servicio universal. En función de las respuestas recibidas, la Comisión presentará a finales de 2010 nuevas propuestas legislativas sobre las obligaciones del servicio universal en materia de telecomunicaciones.Datos Públicos de la Administración

Por otra parte, el Gobierno facilitará el acceso de ciudadanos y empresas a los datos públicos de la Administración General del Estado, lo que favorecerá la creación de nuevos productos y servicios en el sector de contenidos digitales y contribuirá a la transparencia en la actuación de las administraciones públicas.

Esta medida forma parte del borrador de proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la Ley sobre reutilización de la información del sector público y tiene como objetivo situar a España junto a países de vanguardia en materia de apertura de datos públicos, como Estados Unidos o Reino Unido.

Así, el Real Decreto contempla el régimen normativo básico para el uso por parte de terceros de la información en manos del sector público para fines comerciales o no comerciales en un marco de libre competencia.

Asimismo, el texto incluye las obligaciones de las administraciones y organismos del sector público para promover la reutilización y define un responsable en cada organismo público.

En cuanto a las modalidades de reutilización, la regla general será la puesta a disposición sin sujeción a condiciones específicas, aunque se permite que los ministerios y organismos que así lo deseen establezcan condiciones específicas cuando lo consideren necesario.