Santiago de Compostela, 24 jul.- El Instituto Galego de Consumo (IGC) comenzará hoy a enviar a los afectados por las participaciones preferentes las notificaciones.
En ellas, la entidad lleva a cabo la propuesta de arbitraje para la aprobación del afectado y la Junta Arbitral de Consumo lo cita para la vista.
Según indica este organismo dependiente de la Consellería de Economía e Industria de la Xunta en un comunicado, el arbitraje es un modo de resolver el problema de las personas afectadas por este producto financiero de Novagalicia Banco de forma "ágil y gratuita".
El Gobierno gallego aguarda que "en los próximos días" se comiencen a dictar laudos arbitrales, de tal modo que permitan reintegrar el dinero depositado por las personas que adquirieron participaciones preferentes "con información deficiente o debido a una mala comercialización".
Las asociaciones calculan en unas 43.000 personas las personas afectadas por este producto financiero en Novagalicia Banco y este fin de semana se han manifestado para rechazar que se acuda al arbitraje de forma general para resolver el problema.
De hecho, según los datos facilitados por el IGC, las solicitudes de arbitraje llegadas a sus oficinas se elevan hasta la fecha a 2.267 reclamaciones.
El IGC señala que los nuevos interesados en solicitar esta vía pueden hacerlo poniéndose en contacto con el IGC o en los puntos de información y asesoramiento habilitados para tal fin, en las oficinas de este organismo en las siete ciudades.
También en los puntos de asesoramiento específico de O Rosal, Cangas, Vilagarcía, Cambados, Ponteareas y Tui, que estarán especialmente reforzados, y en las oficinas OMIC y OPIC, así como en las asociaciones de consumidores.
Además, las personas interesadas pueden consultar en el teléfono gratuito 900231123 del ICG sus dudas.
Una vez recibida la solicitud, la Junta Arbitral de Consumo del IGC tramita el expediente a la entidad financiera y esta notifica a los afectados su propuesta de arbitraje.
El afectado, si está de acuerdo con la propuesta de la entidad, podrá presentarse en la fecha y lugar que se le indique para la celebración de la vista con el árbitro.
Una vez aceptado el convenio arbitral se cierra la posibilidad de acudir a la vía judicial, explica el ICG en su nota.
Según este organismo autonómico, la celebración de los arbitrajes, que en principio se desarrollarán en Santiago, contarán con la presencia de un árbitro debidamente acreditado, licenciado en Derecho y designado por la Junta Arbitral de Consumo de Galicia, "que actuará con total imparcialidad y de manera independiente".
Pocos días después de la celebración de la vista, el árbitro dictará un laudo que tiene la misma validez que una sentencia judicial y, posteriormente, se notificará a los implicados dicho laudo que es "de obligado cumplimiento".
"La entidad financiera, en caso de laudo favorable, tendrá que cumplirlo y posibilitar el reintegro del dinero de manera casi inmediata", señala el comunicado.
La vía del arbitraje fue planteada desde el inicio por la Xunta, según insiste la nota, por tratarse de una solución "eficaz y sin costes" para que miles de familias gallegas recuperen el dinero depositado en este producto financiero de modo eficaz "en tres o cuatro meses, evitando la vía judicial y pleitos que pueden tardar años en resolverse".
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