Madrid, 9 abr.- Un juzgado de Badajoz ha denegado embargar a José María Ruiz-Mateos, sus seis hijos varones y a su sobrino Zoilo Pazos Jiménez por valor de 66 millones de euros tal y como pedía la administración concursal de Carcesa, como medida cautelar para cubrir su déficit patrimonial.
Según han confirmado a Efeagro fuentes jurídicas, el juzgado considera que no concurren los requisitos para decretar el embargo preventivo, ya que es difícil acreditar la intervención de todos los demandados en la gestión y actual situación de la compañía extremeña.
Según el informe de los administradores concursales de Carcesa, propietaria de las marcas Fruco y Apis, la compañía contaba con activos valorados en 178,05 millones de euros, frente a deudas de 245 millones.
Por su parte, la familia Ruiz-Mateos ha indicado en un comunicado que "siguen confiando en la administración de justicia al comprobar como, en un ambiente tan desfavorable, es posible un pronunciamiento absolutorio, ajustado a la realidad de las cosas sin ningún tipo de prejuicios".
Según la administración concursal, un total de 54 millones de euros han salido de las cuentas de Carcesa a través del Banco Etcheverría como disposiciones en efectivo, por lo que considera que es necesario indagar su destino para pedir responsabilidades a los administradores sociales y a los administradores de hecho previos a la intervención judicial.
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