La decisión del Tribunal Constitucional portugués de anular la supresión de las pagas extra a funcionarios y pensionistas decretada por el Gobierno ha abierto un profundo agujero de 1.150 millones de euros en las cuentas del país vecino y, lo que es más importante, ha puesto en cuestión el cobro por parte del país del séptimo pago correspondiente al rescate portugués lo que podría desembocar en un segundo rescate al país.
El asunto es observado con particular interés desde los bancos españoles, los mayores acreedores de Portugal, con una exposición agregada de 55.535 millones de euros (según cálculos de finales de septiembre de 2012), lo que representa el 51,5% del total de la exposición de la banca europea.
En concreto, la exposición de las entidades españolas a la deuda pública lusa sumaba 6.295 millones de euros, mientras que otros 3.101 millones de euros correspondían a deuda de bancos portugueses y un total de 46.139 millones a deuda del sector privado no financiero de Portugal, según los datos del Banco de Pagos Internacionales (BPI).
El asunto es relevante porque en el caso de una eventual quita, serían las entidades españolas las que tendrían que asumir una mayor parte del coste del proceso.
Entre el resto de las grandes economías de la eurozona, la banca alemana registraba una exposición a Portugal de 17.899 millones de euros, mientras la deuda con entidades francesas sumaba 12.788 millones de euros y apenas 1.393 millones de euros en el caso de los bancos italianos.
En su conjunto, la banca europea acumulaba hasta septiembre de 2012 una exposición a Portugal de 107.852 millones de euros, de los que 17.122 millones de euros correspondían a deuda pública, 12.024 millones de euros a deuda de la banca lusa y 78.675 millones de euros a deuda del sector privado.
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