Madrid, 9 mar.- El Gobierno ha aprobado hoy un código de buenas prácticas para que la banca pueda frenar los desahucios al aceptar que una familia "en riesgo de exclusión social" salde su hipoteca con la entrega de su vivienda, lo que se conoce como la dación en pago.
La vivienda objeto del embargo será la única propiedad del hipotecado y no podrá valer más de 200.000 euros en las ciudades con más de un millón de habitantes; 180.000 euros en las de más de medio millón; 150.000 euros si supera los 100.000 ciudadanos; y un límite de 120.000 euros en las poblaciones de menos de 100.000 habitantes.
Además, para considerar que una familia esté en riesgo de exclusión social debe tener todos sus miembros en paro, sin ingresos ni actividad económica y sus cuotas hipotecarias serán superiores al 60 % del conjunto de sus ingresos.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que las condiciones se recogen en un código de buenas prácticas que se incluye en un decreto ley aprobado hoy.
Aunque no se cambia la ley, sí tiene efectos retroactivos porque los titulares de hipotecas firmadas en el pasado se benefician de estas novedades si las entidades que concedieron sus préstamos se acogen al código de buen gobierno, que ha sido bien acogido por el sector, según ha asegurado la vicepresidenta.
Desde que empezó la crisis ha habido más de 300.000 ejecuciones hipotecarias en España y en estos momentos existe un millón y medio de familias con todos sus miembros en paro.
Por eso Sáenz de Santamaría ha explicado que el Gobierno trata de paliar la situación dramática de muchas familias que lo han perdido todo, con todos sus miembros en paro, que se van quedando sin ingresos y ante la imposibilidad de pagar sus hipotecas, se ejecutan sus viviendas y acaban en el desahucio.
Para evitar en última instancia el desahucio de las familias en riesgo de exclusión social, el Gobierno obligará a la banca que se adhiera al código a ampliar hasta cuatro años el periodo de carencia en el pago del capital de la hipoteca o a ampliar hasta un máximo de 40 años la vida de la hipoteca.
También se recoge la posibilidad de abaratar el préstamo hasta aplicar un diferencial del 0,25 sobre el euríbor a un año, y si aun así el deudor no puede hacer frente a su préstamo hipotecario, el banco deberá ofrecerle una quita de su deuda.
Según los expertos, con esa quita se podría ajustar la hipoteca al valor actual de la vivienda.
Si después de todas estas facilidades el deudor sigue siendo incapaz de pagar sus préstamos, podrá entregar su vivienda para saldar la deuda con el banco, aunque tendrá la opción de pagar un alquiler equivalente al 2 % de la deuda pendiente durante dos años prorrogables. EFECOM
mbr-mtd/cs/ib
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios