La CE cree que Alemania no puede negar prestaciones a los ciudadanos europeos

  • La Comisión Europea (CE) considera que Alemania no puede negar el pago de las prestaciones sociales a inmigrantes europeos aunque estos no hayan trabajado nunca en el país o no estén buscando trabajo.

Berlín, 10 ene.- La Comisión Europea (CE) considera que Alemania no puede negar el pago de las prestaciones sociales a inmigrantes europeos aunque estos no hayan trabajado nunca en el país o no estén buscando trabajo.

Así se desprende de un informe, citado hoy por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, que la CE presentó al Tribunal Europeo de Luxemburgo ante el proceso en torno al caso de una ciudadana rumana que reside en Alemania desde 2010 y a la que se le han negado las prestaciones sociales incluidas en la llamada ley "Hartz IV".

La prestaciones de la ley "Hartz IV" se otorgan en Alemania a desempleados de larga duración, a personas que no han trabajado nunca o a quienes perciban un salario demasiado bajo, que no alcance a cubrir el mínimo de subsistencia.

Actualmente, la normativa alemana contempla que durante los primeros tres meses de estancia en Alemania los inmigrantes europeos no tengan acceso a las prestaciones de la normativa "Hartz IV".

Incluso después de esos tres meses, según el Gobierno, sólo tienen derecho a esas prestaciones aquellos inmigrantes que hayan conseguido un trabajo con un sueldo muy bajo que deba ser complementado con las ayudas, pero no quienes permanezcan en el desempleo.

La ciudadana rumana en cuestión, después de que se le denegaran las ayudas, inició un proceso en el que el Tribunal Federal de lo Social solicitó al Tribunal Europeo que precisara si el derecho europeo permite que a ciudadanos de determinados países de la UE se les nieguen algunas prestaciones.

Actualmente, tras la apertura de las fronteras para trabajadores de Rumanía y Bulgaria el 1 de enero, en Alemania hay una discusión acerca de si se deben tomar medidas ante un posible abuso de los sistemas sociales europeos.

Esta semana el Gobierno creó una comisión interministerial, a nivel de secretarios de Estado, encargado de analizar el asunto y formular recomendaciones al respecto.

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