La CE investiga a 13 fabricantes de lectores de CD y DVD por formar un cártel

  • La Comisión Europea (CE) ha abierto una investigación a 13 compañías fabricantes de reproductores de CD y DVD para ordenadores por sospechar que han conformado un cártel, según informó hoy un portavoz comunitario.

Bruselas, 24 jul.- La Comisión Europea (CE) ha abierto una investigación a 13 compañías fabricantes de reproductores de CD y DVD para ordenadores por sospechar que han conformado un cártel, según informó hoy un portavoz comunitario.

La CE ha enviado una declaración de objeciones -una solicitud formal de información- a las compañías proveedoras de dichos aparatos que habrían vulnerado la normativa de competencia en el Área Económica Europeo (EEA), lo que supone el primer paso de los procedimientos anti-cárteles del Ejecutivo comunitario.

Las compañías en cuestión "podrían haber coordinado sus actividades" de cara a sus contratos con "dos grandes fabricantes de equipamiento para reproductores y grabadores de discos ópticos empleados en ordenadores personales (tanto de sobremesa como portátiles) y en servidores", explicó en rueda de prensa el portavoz comunitario de Competencia, Antoine Colombani.

Según la "visión preliminar" de la CE, los fabricantes se pusieron de acuerdo durante al menos cinco años para manipular procesos de compra y venta en los que se presentan ofertas (una forma de fraude conocida como "colusión en procedimientos de licitación"), lo que supone "una de las infracciones más graves de las reglas de competencia de la UE", afirmó el portavoz.

Este tipo de fraude "podría haber afectado en último término a los consumidores que compraron reproductores de discos ópticos fabricados por las compañías en cuestión", señaló la CE.

El Ejecutivo comunitario no revela de qué compañías concretas se trata en esta primera fase de la investigación, y señala que la solicitud de información "no prejuzga el resultado final" de la misma.

Las compañías afectadas deberán enviar ahora sus explicaciones a Bruselas, y después la CE concluirá si cuenta con pruebas suficientes de que se han producido infracciones de la normativa comunitaria.

Si se confirma el incumplimiento, la Comisión impondría multas a las compañías por un montante máximo del 10 % de su facturación mundial anual.

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