La CNE propone un nuevo modelo de factura eléctrica con más información

Madrid, 8 jun.- La Comisión Nacional de Energía (CNE) ha elaborado una propuesta sobre un nuevo modelo de factura eléctrica con más información para el usuario sobre sus patrones de consumo, el coste detallado de su suministro y más datos de las empresas ante posibles reclamaciones, entre otros puntos.

El organismo regulador ha comunicado hoy que su consejo ha aprobado remitir al Ministerio de Industria la propuesta de un modelo para el recibo de la luz que facilite "la comprensión de su factura y la comparación de ofertas" y dé "transparencia respecto a las vías de solución de conflictos".

La factura propuesta, añaden, incluirá toda la información necesaria para que el usuario pueda valorar su consumo, capacitarle para adoptar otras ofertas e informarle del acceso a su comercializadora de último recurso (CUR) ante posibles reclamaciones.

Por ejemplo, deberá incluir en la primera página el número de contrato y de punto de suministro, datos necesarios para cualquier reclamación o para un cambio de comercializador.

También se deberán recoger todas las variables que sirven para calcular la facturación e indicar si ésta es real o basada en estimaciones.

Además de esto, habrá un perfil de consumo de, al menos, los últimos trece meses para que el consumidor pueda percibir cambios en su patrón.

También propone que se introduzca el teléfono de atención al cliente de la empresa comercializadora, el de la distribuidora para averías y urgencias y la referencia para proceder en caso de conflicto o reclamación.

Además, pide que se incluya una referencia a las páginas web del IDAE y de la CNE y su comparador de ofertas, y que la segunda página de la factura se reserve para proporcionar al consumidor información sobre el origen de la energía, el bono social y el listado de comercializadores.

La propuesta de la CNE forma parte del proceso de transposición de directivas europeas en materia de mercados interiores de electricidad y será para la factura que reciban los consumidores acogidos a la tarifa de último recurso o TUR, al bono social y los que, sin derecho a TUR, transitoriamente carezcan de contrato en vigor con un comercializador.

Actualmente están acogidos a la tarifa eléctrica de último recurso unos 20 millones de hogares y pymes con potencias contratadas inferiores a los 10 kilovatios (kW).