La cnmc insta al estado a centrarse en objetivos de interés público en la adjudicación de servicios de limpieza

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recomendado a la Administración General del Estado (AGE) a que se centre en perseguir los objetivos de interés público en la contratación de servicios de limpieza, y organizar los lotes atendiendo al criterio del número de edificios afectados.
Así lo señala el organismo en un informe publicado este lunes sobre la contratación centralizada de los servicios de limpieza integral de edificios, locales y dependencias de la AGE ubicados en Madrid.
Competencia aconseja a la Administración que deje en manos de las empresas licitadoras los intereses “estrictamente privados”, como el ahorro de costes o la mayor facilidad organizativa, “sin perjuicio del ejercicio de ponderación que debe realizar para no perjudicar a estos últimos de forma contraria a la competencia efectiva”.
A su juicio, resulta “cuestionable” que el criterio mayoritariamente elegido para distribuir los lotes sea un criterio geográfico, especialmente si se tiene en cuenta que en esta primera fase “sólo será aplicable a edificios y dependencias radicados en la Comunidad de Madrid y con escasa distancia entre ellos”.
Por ello, señala la CNMC, parecería “preferible” organizar dichos lotes atendiendo al criterio relativo al número de edificios afectados e, incluso, delimitarlo considerando la superficie de los mismos objeto de limpieza ya que “su uso y características son similares”.
Asimismo, en cuanto a la limitación del número de lotes a adjudicar a una misma empresa, la CNMC considera que debería replantearse pues con esta medida “se evita que la empresa que pudiera presentar la oferta económicamente más ventajosa en cada uno de los lotes se encuentre impedida para resultar adjudicataria”.
De igual forma, respecto a la condición que incluye un número mínimo de horas de servicios de limpieza para cada uno de los lotes y otras medidas, la CNMC apunta que suponen una “excesiva intromisión” en la libertad de organización de cada operador económico y “limitan la competencia efectiva” en el proceso de licitación.
No obstante, el organismo presidido por José María Marín Quemada “comparte y valora” las iniciativas dirigidas a lograr una mayor eficiencia en la utilización de los recursos públicos.
“Una mayor eficiencia en el uso de recursos públicos dentro de los procesos de contratación presenta ciertos elementos coincidentes con el ámbito de la política de competencia”, concluye.