La comisión de peticiones del parlamento europeo analiza las condiciones laborales de los controladores aéreos españoles

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidió este lunes mantener abiertas las denuncias del colectivo de controladores aéreos españoles, que afirman que las nuevas condiciones laborales impuestas sobre el sector han puesto en riesgo la seguridad aérea en el territorio nacional y viola los reglamentos comunitarios y normativa del Cielo Único Europeo.
En contra de la opinión de la Comisión Europea, que estima que es una cuestión de competencia nacional, los eurodiputados mantendrán abiertas las dos peticiones y las referirán a la Comisión de Transportes de la Eurocámara para pedir su opinión sobre el tema, según informó en un comunicado la Oficina en España del Parlamento Europeo.
Ignacio Ruipérez Arregui, controlador aéreo y miembro del colectivo profesional de controladores del tráfico aéreo español, expuso ante la Comisión de Peticiones la situación laboral del colectivo tras los recortes salariales y nuevas condiciones laborales impuestas por el real decreto de 2010 del Gobierno español.
El colectivo entiende que su situación ha empeorado objetivamente la seguridad aérea del territorio español y que anular los derechos adquiridos por medio del real decreto es anticonstitucional e infringe el derecho europeo en materia social.
En otra petición paralela, la Unión Sindical de Controladores Aéreos expone que la ruptura unilateral de las negociaciones laborales por parte del Ejecutivo español y la aprobación del real decreto vulneró los derechos sindicales y laborales de los controladores, reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
El representante sindical español citó datos del Performance Review de la página web de Eurocontrol y denunció que en el último año se han registrado "47 cuasi colisiones (incidentes de tipo A) y 95 accidentes aéreos (tipo B) en España el año pasado, comparado con ninguno en el Reino Unido en ambas categorías".
Durante el debate, la representante de la Comisión Europea respondió que dichas cifras surgieron del borrador de un informe que luego fue modificado en su versión final e insistió en que "todas estas alegaciones no están respaldadas por pruebas de violación de la reglamentación comunitaria, por mucho que ustedes citen referencias a reglamentos de la UE o a la normativa sobre Cielo Único Europeo".
En su última respuesta a ambas peticiones, la Comisión Europea argumentó el pasado 11 de febrero que ambas cuestiones deben abordarse en el marco de la legislación laboral nacional y que no comprometen la seguridad aérea europea ni las normativas sobre el Cielo Único Europeo. Se recomendaba, por tanto, a los peticionarios que presenten sus reclamaciones ante las autoridades nacionales españolas, incluidos los tribunales.
La Comisión de Peticiones del PE, sin embargo, escuchó este lunes de nuevo a los peticionarios y decidió mantener abiertas ambas causas y reenviarlas para su estudio a la comisión de Transportes de la Eurocámara.