La comisión europea demanda a españa por no proteger 20 puertos de amenazas terroristas

La Comisión Europea (CE) ha incoado este jueves una demanda contra España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber adoptado y puesto en marcha todavía el plan de protección frente a riesgos de atentados y terrorismo en 20 de sus puertos.
El principal objetivo de la política de protección portuaria europea es implantar medidas de protección en el eslabón marítimo de la cadena logística del transporte, tanto a nivel de buques como de instalaciones portuarias, contra los riesgos de atentados y terrorismo, señaló la Comisión en una nota.
La Directiva 2005/65/CE, sobre mejora de la protección portuaria, se propone garantizar un nivel de protección elevado e igual en todos los puertos europeos, en particular mediante la aplicación de un plan de protección portuaria que fija las disposiciones que deben adoptarse para garantizar esta protección.
Desde el 15 de junio de 2007, fecha de transposición de la Directiva, la Comisión ha efectuado regularmente inspecciones en el ámbito de la protección marítima con el fin de comprobar, entre otras cosas, la aplicación del plan.
La Comisión ha exigido a los Estados miembros que más retraso sufren en el cumplimiento de sus obligaciones, entre ellos España, que elaboren planes de acción nacionales con fechas límite precisas para las realización de las evaluaciones y los planes de protección portuaria.
Por su parte, las autoridades españolas se comprometieron a realizar, en colaboración con las diferentes autoridades nacionales y locales afectadas, un plan de acción destinado a lograr, dentro de unos plazos razonables, la aplicación de lo dispuesto en la Directiva en todos los puertos españoles.
Sin embargo, “a pesar de haberse desarrollado un trabajo importante, no ha podido respetarse el plazo que se había fijado para finales de 2013 y las autoridades españolas siguen aún sin adoptar una veintena de planes de protección portuaria”.
Por ello, la Comisión Europea ha incoado una demanda contra España ante el Tribunal de Justicia Europeo.