La fiscal pide un juicio con jurado popular en el caso Tecnoparc de Reus

  • La fiscal ha pedido que un jurado popular juzgue el caso de Tecnoparc de Reus al tratarse de dinero público malversado, presuntamente, por el expresidente de esa empresa y el exconcejal de Urbanismo de Reus, según el informe de la Fiscalía, al que he tenido acceso Efe El partido AraReus denunció por lo penal el pago de 130.000 euros de Tecnoparc por facturas presentadas por el presidente, Àngel Cunillera, que cobró 90.000 euros pese a ser un cargo no retribuido, y el consejero Jordi Bergadà,

Reus (Tarragona), 4 sep.- La fiscal ha pedido que un jurado popular juzgue el caso de Tecnoparc de Reus al tratarse de dinero público malversado, presuntamente, por el expresidente de esa empresa y el exconcejal de Urbanismo de Reus, según el informe de la Fiscalía, al que he tenido acceso Efe

El partido AraReus denunció por lo penal el pago de 130.000 euros de Tecnoparc por facturas presentadas por el presidente, Àngel Cunillera, que cobró 90.000 euros pese a ser un cargo no retribuido, y el consejero Jordi Bergadà, en unos hechos sucedidos en la anterior legislatura, cuando gobernaba el tripartito que integraban PSC, ERC e ICV.

Según la denuncia, el concejal republicano Bergadà, cobró 38.950 euros entre mayo del 2008 y abril del 2011 por "asesoramiento" y presentó otra factura de 30.680 euros en el nuevo mandato (gobernado por CiU-PP), que ya no se autorizó.

El gerente de Tecnoparc, Xavier Gómez, no firmó en un principio las facturas de Bergadà y Cunillera, pero posteriormente sí, por lo que también está imputado.

El juzgado número 1 de Reus que instruyó el caso también imputa a los consejeros delegados Ramon Urgellés y Josep Morató.

La fiscal cree que Cunillera y Bergadà "simulaban servicios prestados por los imputados a la sociedad" que "en ningún caso se prestaron", con Gómez y Urgellès, que sí conocían los pagos, de "cooperadores necesarios".

AraReus pide un total de 27 años de cárcel para el conjunto de los imputados y que devuelvan los 115.000 euros que percibieron, y el Ayuntamiento de Reus también solicita el reintegro del dinero.

El Ministerio Fiscal aún no ha formulado su petición, mientras que las defensas de Cunillera y Bergadà mantienen que realizaron los trabajos; la de Gómez reitera que esas facturas fueron las únicas que no autorizó, y la de Urgellès esgrime que él solo no podía autorizarlas.

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