La nueva entidad fruto de la fusión de las cajas de Catalunya, Tarragona y Manresa esperará al menos dos años antes de empezar a devolver los 1.250 millones aportados por el Fondo para la Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dado que no será hasta 2012 cuando prevé obtener unos beneficios relevantes.
El director general de la caja, Adolf Todó, que hoy ha presentado la nueva entidad ante los medios de comunicación, ha subrayado que en 2010 y 2011 se prevén ejercicios "duros" con un margen de interés que continuará a la baja y que dará beneficios "relativamente bajos", por lo que habrá que esperar a 2012 para ver cómo se generan más ganancias.
Pese a ello, la entidad cree que la previsión de beneficios, tras la asignación a la obra social, sumada a los 530 millones de euros de ingresos obtenidos con las ventas de las compañías aseguradoras y las eventuales desinversiones que se realicen en participaciones empresariales hacen pensar que "se podrán afrontar holgadamente" la devolución de los recursos del FROB.
La nueva caja, que todavía está pendiente de ser rebautizada con un nuevo nombre comercial, mantiene inversiones empresariales no estratégicas por valor de 675 millones de euros, entre las que destacan las participaciones de un 1,63% en Repsol YPF, un 1,62% en Gas Natural, un 0,36% en Abertis, un 20% en Cedinsa Concesionaria y un 7,76% en Applus Servicios Tecnológicos.
Respecto a las posibles desinversiones, Todó ha subrayado que la venta de participadas no es imprescindible para devolver el FROB y ha señalado que cuando se recurra a ello se optará más por aquellas firmas en las que se obtiene más liquidez y plusvalías, como podría ser el caso de Repsol.
La integración de las tres entidades de ahorros generará "un efecto neto positivo" de 230 millones de euros hasta 2015, cifra a la que se llega tras restar los 470 millones que cuestan los procesos de fusión a los 700 millones que se ahorrarán de gastos de personal e informáticos, entre otros.
De los 470 millones que ha costado el proceso de integración, el 80% corresponde a la reducción de plantilla y el resto a los costes informáticos, al cierre de oficinas y a la previsible pérdida de negocio.
De momento, la fusión ha supuesto el cierre de 262 oficinas, 185 en la provincia de Barcelona, 52 en Tarragona, 17 en Lleida y 8 en Girona, mientras que se aplicará una reducción de plantilla de 1.300 personas mediante prejubilaciones y bajas voluntarias.
Por otra parte, la nueva caja, la cuarta de España por volumen de activos consolidados -81.020 millones de euros-, ha lanzado ya su nuevo modelo de negocio, que pretende ser más cercano al cliente y con el que quieren ser más competitivos.
Bautizado como Gestión 10, el nuevo plan de negocio se basa en ofrecer una gestión personalizada del cliente, que podrá solicitar en cualquier momento el asesoramiento de un profesional a su servicio.
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