La Junta de Andalucía rechaza "cualquier presión" contra FACUA

  • La secretaria general de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, María Dolores Muñoz, ha rechazado "cualquier tipo de presión" desde el Instituto Nacional de Consumo (INC) hacia la asociación de consumidores FACUA.

Sevilla, 5 ago.- La secretaria general de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, María Dolores Muñoz, ha rechazado "cualquier tipo de presión" desde el Instituto Nacional de Consumo (INC) hacia la asociación de consumidores FACUA.

Según ha expresado Muñoz en un comunicado, FACUA-Consumidores en Acción "fundamenta su independencia, tal como dice la ley, en sus actuaciones no sólo hacia los operadores del mercado, sino también hacia los poderes públicos".

Este apoyo de la Junta se produce después de que la asociación haya denunciado que el Instituto Nacional de Consumo les ha remitido una carta en la que se les advierte de que si no retiran de su web las campañas contra los recortes del Gobierno que afectan a educación y sanidad, será excluida del Registro Estatal de Asociaciones de Usuarios por incumplir sus objetivos.

Para Muñoz, FACUA es una entidad "de reconocido prestigio, con legitimidad y capacidad de interlocución", mientras que el INC hace una lectura tan "restrictiva y parcial" de lo que se entiende como la defensa de los intereses de los consumidores que "condiciona la independencia" de la asociación, y con ello "se pone en riesgo la garantía de los derechos de los consumidores".

Según Muñoz, la asociación "está en su legítimo derecho de realizar todas aquellas acciones que considere oportunas" para proteger a los usuarios, siempre que éstas se realicen dentro de la legalidad y ha añadido que "las Administraciones públicas deben ser garantes de la libertad de expresión y asumir las críticas".

Por otra parte, Muñoz ha criticado al INC por remitir a la comunidad autónoma el 1 de agosto "por sorpresa" el anteproyecto para la modificación de la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios (RD 1/2007), otorgando un plazo de tan sólo 15 días para que tanto autonomías como asociaciones de consumidores y empresariales se pronuncien sobre el texto.

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