La ley que desvincula los precios públicos del ipc entrará en vigor en enero de 2014

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Anteproyecto de Ley de Desindexación de la Economía para desvincular las actualizaciones de rentas, precios y otros conceptos de las Administraciones Públicas del Índice de Precios al Consumo (IPC), cuya entrada en vigor está prevista para enero de 2014.

Desde ese momento, cualquier revisión de precios regulados deberá estar justificada por la evolución de los costes y no por la inflación. Se trata con ello de evitar los llamados efectos de segunda ronda en la economía, uno de los elementos que más tensiones inflacionistas ha generado en el pasado.
El objetivo es contribuir desde el sector público a la estabilidad de precios y a la mejora de la competitividad, en línea con el acuerdo de moderación salarial entre los agentes sociales y otras reformas como la de las pensiones.
Según destacó el ministro de Economía y Competitividad, Luis De Guindos, “esta Ley es importante porque cuanto menos indexada esté una economía, mayor será su potencial de crecimiento y menor su destrucción de empleo”.
A este respecto, explicó que la economía española “tiene un problema por la evolución de la inflación, ya que de forma sistemática ha tenido un diferencial de inflación negativo con la zona euro”.
En concreto, entre 1999 y 2013 la inflación española ha sido 12 puntos superior a la media de la zona euro.
Esta ley se aplicará a todas las Administraciones Públicas (central, autonómica y local). En cuanto a los contratos públicos, se modifica la norma vigente para que la pauta general sea también la no indexación. Las excepciones al respecto tendrán que estar autorizadas y justificadas igualmente por los costes.
Para ello, tras su entrada en vigor, se fijará un plazo transitorio de seis meses para que la Comisión Delegada de Asuntos Económicos determine si los precios regulados no se actualizan o se establece un índice de referencia.
El Gobierno estima que los gastos de bienes y servicios regulados que afectan a los hogares suponen el 7% del total, unos 36.000 millones de euros anuales, el 3,5% del PIB.
En cuanto al sector privado, la adopción será voluntaria aunque, si no existe un acuerdo explícito, se aplicará la no indexación de forma automática.
El Anteproyecto de Ley de Desindexación crea además un Índice de Garantía de la Competitividad (IGC), como forma residual de actualización de los precios. Será aplicable a los contratos entre privados que voluntariamente lo acuerden y en aquellos casos en que hayan pactado una cláusula de revisión pero no la hubieran especificado.
La fórmula tiene en cuenta la inflación de la zona euro corregida por una parte de la competitividad perdida desde 1999. Tendrá, en todo caso, un techo del 2% y un suelo del 0%.
Quedan excluidos de esta norma la negociación salarial colectiva (tanto en el ámbito privado como en el del personal laboral del sector público), las pensiones y los instrumentos financieros. Para todo lo demás no habrá indexación a índices generales de precios.