La mitad de los que se acojen al código de buenas prácticas 'antidesahucios' son rechazados

Un total de 2.190 solicitantes de las medidas de reestructuración de deuda y dación en pago contempladas en el Código de Buenas Prácticas (CBP) impulsado por el Gobierno para el sector bancario fueron denegados por no cumplir los requisitos.

Según informa el Ministerio de Economía y Competitividad, esto supone que el 50% de los 4.385 deudores hipotecarios que solicitaron acogerse al código en su primer año de vigencia fueron rechazados.
Las denegaciones respondieron a que el préstamo o crédito no reunía los requisitos establecidos en la norma (45%), falta de entrega de la documentación (29,4%) o incumplimiento de los umbrales de renta o situación familiar para acogerse (21,55%).
Estos umbrales han sido elevados en la modificación que acaba de ser aprobada por el Senado y que entrará en vigor en los próximos días. Por ejemplo, se sube hasta tres veces el IPREM (1.597,53 euros mensuales) el nivel de ingresos familiares para acogerse al CBP y se incrementa el valor máximo de la hipoteca (entre 240.000 y 400.000 euros dependiendo del número de habitantes de la ciudad donde está ubicado el inmueble), entre otras mejoras.
Además, de las casi 4.5000 solicitudes, otras 1.063 se encontraban pendientes de tramitación al finalizar el primer trimestre de 2013 (el 24% del total).
De las 3.322 ya tramitadas, en 594 casos se procedió a la reestructuración de la deuda, otros 298 acabaron en dación en pago, 238 desistieron y 2 con quita.
Las peticiones se presentaron ante 27 bancos y 19 cooperativas de crédito y la deuda pendiente alcanza los 582.783 euros.
Econonomía destaca que durante este primer año de funcionamiento las solicitudes de adhesión al CBP han ido aumentando a un fuerte ritmo. En el segundo trimestre de 2012 se recibieron 564 solicitudes, 722 en el tercero, 1.132 en el cuarto y 1.967 en el primero de 2013 (más del 44,8% del total).
El CBP se puso en marcha en abril de 2012 y cuenta en la actualidad con 97 entidades adheridas, la práctica totalidad de las que tienen actividad hipotecaria en España.
Su objetivo es proteger a los deudores que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca como consecuencia de la crisis. El CBP permite al deudor reestructurar la deuda, fijar una quita y, en última instancia, la dación en pago.
La adhesión al CBP es voluntaria por parte de las entidades financieras, pero una vez efectuada, el cumplimiento es obligatorio durante un plazo de dos años.