Madrid/Barcelona.- La nueva normativa sobre distribución de coches impedirá el cierre de casi un 30% de los concesionarios en España en un plazo de dos años al acabar con la estrategia de los fabricantes de cancelación de contratos con los distribuidores, según la federación de concesionarios Faconauto.
Esta es una de las conclusiones expuestas hoy en rueda de prensa en Madrid por la patronal de concesionarios, que ha repasado las ventajas que supone para este sector la introducción de una enmienda sobre la distribución de vehículos añadida a la Ley de Economía Sostenible.
Entre estas ventajas, los concesionarios automovilísticos señalan las dirigidas a los usuarios, pues va a suponer la eliminación de ineficiencias en el sistema que implicarían una reducción media en el precio de venta de los coches de unos 400 o 500 euros.
El presidente de Faconauto, Antonio Romero-Haupold, así como miembros de su cúpula directiva, también presentes en el encuentro, han recalcado que la nueva ley introduce un equilibrio en las relaciones bilaterales entre fabricantes de coches y concesionarios.
En sentido contrapuesto, Romero-Haupold ha asegurado que en la legislación actual predomina una posición de dominio de los fabricantes, con la que "se han cometido abusos".
Esta situación ha sido denunciada por los concesionarios desde hace 15 años a través de iniciativas populares, proposiciones de Ley y no de Ley, reclamaciones ante entidades administrativas nacionales y comunitarias, "sin conseguir nada".
Romero-Haupold, sobre estos argumentos, ha negado que la ley haya sido "sorpresiva", como denuncian los fabricantes, y ha añadido que el apoyo que le han dado nueve de los once grupos parlamentarios "demuestra la razón de nuestras reclamaciones".
La cúpula de la patronal de concesionarios ha indicado que las prioridades del sector de la distribución de automóviles son acabar con la obligación que tienen de comprar más coches de los que necesitan.
Asimismo, se propone evitar la imposición de edificar, por imposición de las marcas, lo que llaman concesionarios-catedrales o grandes estructuras que hipotecan por muchos años, dada su alta inversión, que el vendedor pueda elegir banco libremente y suprimir que los nuevos contratos impidan vender libremente el negocio, pues se necesita el permiso del fabricante.
Romero-Haupold ha restado importancia a las "amenazas" de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) y han negado peso al argumento de la desinstalación de industrias, porque entienden que la producción automovilística española se dirige en un 80% a la exportación y la nueva ley apenas tiene incidencia en el mercado español.
Los responsables de Faconauto han comparado la actual coyuntura del negocio fabril del automóvil, con unas ganancias medias de 4.000 millones de euros, a las vicisitudes de la rama de distribución que ha tenido que recurrir a 35.000 despidos.
El presidente de Faconuato ha reiterado que una de sus prioridades no es la de la devolución de los stocks sin vender a los sesenta días, sino impedir que se impongan más coches de los que pueden vender los concesionarios.
A este respecto, ha concretado que el valor del inmovilizado de los concesionarios españoles asciende en la actualidad a 18.000 millones de euros, aunque en el momento peor del mercado, antes del Plan 2000E, se situó en 28.000 millones.
Desde Barcelona, el presidente de la Federación Catalana de Vendedores de Vehículos a Motor (FECAVEM), Jaume Roura, ha extendido la mano a los fabricantes de vehículos para sentarse a negociar y "conseguir el marco jurídico más beneficioso para las dos partes".
La patronal catalana del sector de la distribución de coches confía en que la reunión que tendrá lugar el miércoles entre fabricantes, vendedores y el Ministerio de Industria sirva para poner las bases que un entendimiento entre las partes.
"Fabricantes y distribuidores nos necesitamos. Estamos obligados a entendernos. La unidad es la mejor manera de defender también los intereses de los consumidores", ha dicho.
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