La reforma del sistema eléctrico se traducirá en un incremento del 3,2% en el recibo de la luz que pagan los consumidores, según ha reconocido el ministro de Industria, José Manuel Soria.
Traducido a euros, esta nueva subida supondrá una subida media de 2,42 euros en la factura mensual de los hogares que se situará en 78,14, según los cálculos realizados por Facua-Consumidores en Acción.
Las medidas adoptadas por el Ejecutivo para contener el déficit de tarifa desde el año pasado han elevado en conjunto la factura de la luz para los consumidores un 8% desde principios del año 2012.
El Gobierno asegura que esas medidas han impedido, precisamente, que el coste de la energía eléctrica para los consumidores se haya incrementado un 42%. Claro que para que eso hubiera sucedido, el Ejecutivo tendría que haber cargado absolutamente todo el coste del desequilibrio del sistema eléctrico a los consumidores...
La reforma aprobada este viernes, que el lunes se remitirá para su análisis al órgano regulador del sector, la Comisión Nacional de la Energía, también afectará a las empresas eléctricas tradicionales y a las del sector de las energías renovables que verán incrementados sus costes en 2.700 millones de euros.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la reforma del sector energético que abordará la resolución de la deuda de 26.062 millonesde euros (conocido como déficit de tarifa) acumulada en los últimos años por el sistema debido, en buena medida, a un enrevesado mecanismo de funcionamiento que desvincula los costes de generación de la energía de las tarifas que se cobran a los usuarios.
El asunto es particularmente controvertido porque hay un profundo conflicto entre las partes a la hora de definir tanto si los costes de generación reconocidos por ley se corresponden con los reales como cuál es la influencia de cada fuente de generación en el incremento de este desfase, que las empresas tradicionales atribuyen a las energías verdes y éstas a las fuentes de generación tradicional.
La solución que ha ideado el Gobierno trata de repartir el coste de la absorción de este millonario desequilibrio entre todos los implicados: grandes eléctricas, firmas de energía renovable, consumidores y Estado.
El objetivo de la reforma, según el ministro de Industria, José Manuel Soria, es configurar un sistema sostenible a largo plazo.No hay alternativa a la reforma
Soria ha reivindicado el trabajo llevado a cabo por el Gobierno hasta ahora. Según sus estimaciones, de no haberse adoptado las reformas que ha tomado el Ejecutivo desde el comienzo de la legislatura este déficit anual sería de 10.500 millones de euros y el recibo de la luz debería incrementarse más de un 40% para enjugar ese desequilibrio.
Para ello, la reforma ha de enjugar el déficit anual de 4.500 millones de euros que todavía genera el sistema, en parte por el incremento exponencial de los costes de generación del sistema, particularmente por el incremento de los costes de distribución y transporte, pero también por el coste de las primas a renovables que se han incrementado casi un 50%.
En los últimos años, el coste de financiación de la deuda ya generado ha venido a añadir tensión financiera al sistema.
Desde 2003, el precio de la factura eléctrica se ha incrementado un 63%, lo que sin embargo no ha servido para evitar el incremento del llamado déficit de tarifa.
El asunto es peliagudo porque España tiene un coste de la energía eléctrica sensiblemente superior al del resto de países europeos (sólo es más bajo que en dos territorios insulares como Irlanda y Chipre), en parte, como ha reconocido el ministro, porque el sistema ha acumulado una infraestructura excesiva por los picos de demanda alcanzados en los años de la burbuja.Un sistema sostenible
Lo que ha intentado el Gobierno es configurar un sistema que sea sostenible a largo plazo y que no genere déficit de forma estructural.
Para ello ha repartido los costes de enjugar esos 4.500 millones de euros de desequilibrio que existe en la actualidad entre todos los agentes de este modo: 2.700 millones de euros se cargarán a la cuenta de las grandes eléctricas (reduciendo la retribución del sistema público al transporte y distribución de la energía) y de las generadoras de energías renovables (sustituyendo el actual y costoso sistema de primas por otro vinculada a la rentabilidad de las explotaciones).
Otros 900 millones de euros se obtendrán de la subida de la tarifa eléctrica a los consumidores y una cantidad similar se cargará al presupuesto público.
Además, se establecerán una serie de cautelas en el sistema para controlar la evolución de los costes del mismo y que no ocurra como en los últimos años, cuando los costes se dispararon por encima de los ingresos del sistema.
Se establece una regla de estabilidad financiera, que fijará un mecanismo automático de revisión que elevará los peajes del sistema eléctrico en el momento en que se genere un desequilibrio en el sistema.
Del mismo modo, cualquier medida que se introduzca en el sistema e incremente el coste, deberá venir acompañada de una iniciativa que eleve los ingresos en igual medida.
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