La subida del IVA en Portugal puede acabar con 40.000 empleos agroalimentarios

Lisboa.- La subida del IVA en los productos agroalimentarios puede acabar en Portugal con 40.000 empleos en el sector como consecuencia de una reducción de la producción y de un posible traslado de empresas para ahorrar costes.

A petición de la Federación de las Industrias Portuguesas Agroalimentarias (FIPA), la consultora Deloitte constata en un informe que un agravamiento del IVA -medida que el Gobierno luso podría aplicar ante el contexto de fuerte crisis- llevaría a la pérdida de 8.000 puestos de trabajo directos y otros 32.000 indirectos.

Según la consultora, el sector agroalimentario vive bajo "fuerte tensión", que se verá aumentada si el IVA aplicado a los productos agrícolas transformados se sube de la clase más baja de tributación (6 %) a la más alta (23 %).

La industria agroalimentaria portuguesa, que representa el 4,4 % del PIB luso y genera el 16,8 % del empleo en el país, según la FIPA, tiene un volumen de negocios de 13.400 millones de euros, que representa un 18 % de la industria transformadora.

De acuerdo con datos de la FIPA, el sector agroalimentario es de gran importancia para Portugal, ya que contribuye a reducir la dependencia de las importaciones y equilibrar el déficit de la balanza comercial, uno de los talones de Aquiles de la economía portuguesa, cuyo PIB se prevé que caiga cerca del 2 % a finales de año.

Asimismo, el organismo recuerda que la tasa media de impuestos aplicada a los productos de consumo alimentario en Portugal es del 11 %, frente al 7,4 % de la vecina España, medida que afecta a la capacidad de competencia de las compañías lusas.

El Gobierno conservador de Portugal ha puesto en marcha una serie de drásticas reformase económicas a petición de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que han concedido al país un préstamo de 78.000 millones de euros durante los próximos tres años.

Entre ellas destaca la subida del IVA del 6 al 23 % en la electricidad y el gas natural, el aumento en una media del 15 % del precio de los transportes públicos, la privatización de empresas públicas y cambios en la legislación laboral para abaratar el despido.