París, 23 may.- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, compareció hoy ante los jueces de París que investigan su gestión, cuando era ministra, de un controvertido litigio con un empresario que le podría llevar a su imputación, con consecuencias inciertas para su puesto actual.
Lagarde llegó sonriente y aparentemente distendida en torno a las 08.15 hora local (06.15 GMT) a la sede del Tribunal de Justicia de la República, el único habilitado para juzgar a aforados como ella por hechos relativos a sus funciones de titular de Finanzas, y en su caso por el contencioso entre el Estado y el empresario Bernard Tapie.
Acudió acompañada de su abogado y con documentos para poder defenderse ante los tres magistrados instructores que tratan de determinar si actuó contra los intereses públicos cuando en 2007 decidió poner fin a ese litigio recurriendo a un tribunal arbitral privado y renunciando a los órganos jurisdiccionales ordinarios.
Ese procedimiento se tradujo, al año siguiente, en una indemnización de 403 millones de euros que tuvo que pagar el Estado francés a Tapie, conocido por su amistad con el entonces presidente francés, el conservador Nicolas Sarkozy.
La declaración ante los jueces puede prolongarse mañana y finalizar con la imputación de Lagarde por complicidad en falsificación y malversación de fondos públicos -delitos penados con hasta 10 años de cárcel y 150.000 euros de multa-, si consideran que el arbitraje fue una maniobra para favorecer a Tapie.
El turbulento empresario, que fue ministro con el presidente socialista François Mitterrand (1981-1995), se había querellado contra Crédit Lyonnais, el banco entonces nacionalizado que le había hecho un préstamo para comprar la marca Adidas y con la que se quedó tras su liquidación judicial.
Al sumario que tramita el Tribunal de Justicia de la República se han incorporado una serie de elementos contra Lagarde, como las conclusiones de un organismo dependiente del Tribunal de Cuentas, que había constatado numerosas irregularidades en el procedimiento de arbitraje, primero por desautorizar a los que se oponían.
También por la designación de los que se encargaron de esa mediación, dado que hay dudas sobre la imparcialidad de alguno de ellos. Además, las agendas de los protagonistas muestran que Tapie era recibido con asiduidad por Sarkozy y sus colaboradores entre 2007 y 2010.
Lagarde siempre ha sostenido que no recibió presiones del Elíseo para decantarse por el arbitraje, que le parecía el mejor mecanismo para resolver un contencioso que se arrastraba desde mediados de los años 1990.
Eso pese a que desde dentro de su mismo ministerio los técnicos eran contrarios porque estimaban que ese mecanismo de derecho privado debilitaba una posición del Estado que estimaban sólida en términos jurídicos.
Ante la eventualidad de su imputación, el actual ministro de Finanzas, el socialista Pierre Moscovici, reiteró su confianza en Lagarde como directora del FMI, pero al mismo tiempo indicó que si se confirmara que hubo fraude a los intereses públicos, el Estado se constituirá en acusación particular en el procedimiento judicial y tratará de reclamar la indemnización que tuvo que pagar.
La portavoz del Gobierno, Najat Vallaud Belkacem, señaló que corresponde al fondo fijar las reglas sobre si la directora gerenta podría continuar en el cargo aunque fuera acusada por la justicia, e hizo notar que en el Ejecutivo francés no sería posible: "tenemos unas reglas extremadamente claras".
En marzo, días después de que se produjera un registro judicial en el domicilio en Francia de Lagarde -que no es sospechosa de haberse beneficiado personalmente-, el FMI había publicado un comunicado en el que el consejo de administración mostraba su "confianza" en la capacidad de la directora gerente para asumir "eficazmente sus funciones". EFECOM
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