La apertura de oficinas diplomáticas, comerciales, de turismo o culturales en el extranjero marcó la última fase de la gestión presupuestaria pre-crisis de los gobiernos de las comunidades autónomas.
Casi de un día para otro, y empezando por Bruselas y acabando por China, las autonomías se expandieron por el mundo bien a la busca de subrayar su identidad propia frente a España, de promocionar sus propios productos y atractivos turísticos o de servir de plataforma para sus empresas en destinos estratégicos.
A principios del año 2012, Exteriores hablaba de que las comunidades autónomas mantenían abiertas más de 200 oficinas en el extranjero, un despliegue equiparable al de la fuerza diplomática de España.
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Cuando acabe este año, sin embargo, no quedarán más de un centenar.
Ya en 2012 las exigencias de ajuste presupuestario impuestas desde Bruselas animaron a los gobiernos autonómicos a echar el cierre a algunas de sus oficinas diplomáticas, buscando generar ahorros que les permitieran cumplir con su objetivo de déficit.
En paralelo a este proceso, los ministerios de Asuntos Exteriores, Economía e Industria pusieron formalmente a disposición de las comunidades autónomas sus dependencias en el extranjero para acoger las misiones diplomáticas regionales en el exterior y racionalizar así el gasto de la Acción Exterior de España... tanto la estatal como la autonómica.
Los gobiernos autonómicos recibieron en un principio con recelo la oferta del Estado, pero han acabado aceptándola en una gran mayoría con importantes beneficios para sus arcas.Cuestión de eficiencia
Los argumentos del Estado eran difícilmente rebatibles. Se sostenía desde el Gobierno que la proliferación de las oficinas diplomáticas autonómicas había generado duplicidades, ineficiencias, cuando no directamente un caos administrativo de dimensiones significativas.
Muchas empresas se encontraban con que a la hora de desembarcar en un país disponían de dos oficinas, una estatal y una autonómica, que le ofrecían exactamente los mismos servicios de asesoramiento.
La oferta del Gobierno a las autonomías fue la siguiente. Cerrad vuestras oficinas, instalaos en las nuestras y coordinemos nuestras actuaciones de cara a ofrecer el mejor servicio posible a nuestros usuarios.
Al cabo se trata de que si España va a organizar una feria de promoción de productos españoles en China, la Junta de Extremadura aproveche esa feria para promocionar sus jamones y no monte un evento propio (con los costes que ello supone) para lograr ese mismo objetivo.
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Las autonomías se ahorran costes operativos, de instalación y de mantenimiento, y el Estado también obtiene un ahorro, ya que las comunidades autónomas pagan una parte del coste de mantenimiento de la sede diplomática del Reino de España.
¿Resultados? A día de hoy, una docena de comunidades autónomas han suscrito protocolos de colaboración con el Ministerio de Economía para instalarse en las dependencias de las oficinas comerciales o las cámaras de comercio de España en el exterior, seis autonomías han integrado sus estructuras en Bruselas dentro de la Representación Permanente de España ante la UE y se han firmado convenios puntuales con hasta quince gobierno regionales.
Cuando finalice este año, 57 embajadas u oficinas comerciales autonómicas se habrán integrado ya en dependencias estatales, en 2014 ya está cerrada la integración de otras 14 y muy avanzadas las gestiones para la absorción de 38 más.
A la altura de 2015, el Gobierno espera que 132 de las 166 oficinas que permanecían abiertas a principios de este año se hayan integrado ya dentro de la Misiones Diplomáticas de España por el mundo.
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