Las mineras UMINSA y CMC niegan que la Administración las haya expedientado

León.- Unión Minera del Norte (UMINSA) y Coto Minero del Cantábrico (CMC), ambas de Vitorino Alonso, ha asegurado hoy que "no es cierto" que la Administración les haya abierto un expediente y ha lamentado los perjuicios "graves" de este anuncio, ya que lo que hace es "alarmar" a las entidades bancarias.

Se ha referido hoy en un comunicado de prensa al anuncio de anoche del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de que ha abierto un expediente de inspección a las empresas mineras Alonso y Viloria, que llevan dos meses sin pagar a sus trabajadores, y les exige que expliquen el uso que han dado a los 367 millones de euros en ayudas recibidos desde julio de 2009.

Dichas fuentes han asegurado que "no hay abierto ningún expediente" en contra de UMINSA y CMC, "lo que hay es una petición de información económica, prevista en la orden ITC/3666/2007 reguladora de las ayudas, a la que contestarán", afirma, "con mucho gusto" y en breve.

Han lamentado este anuncio de un expediente "por cantidades multimillonarias igualmente erróneas", ya que lo que hace es dificultar la financiación de la "deuda contraída por la falta de consumo de carbón nacional".

Han recordado que la aportación de información económica con carácter ordinario se remite anualmente al Instituto del Carbón como requisito previo a la liquidación de ayudas por años vencidos, el último de los cuales ya ha sido objeto de liquidación.

Han insistido en que UMINSA y CMC son "totalmente solventes" al disponer de existencias propias de carbón cuyo valor supera actualmente los 120 millones de euros y que de lo que carecen por completo es de liquidez.

Además, han pedido que la firmeza que el Ministerio "exhibe" a la hora de "amenazar" a estas empresas "debería aplicarse a resolver los graves problemas del sector".

Así, han pedido que consigan por una parte la aprobación del Real Decreto español "bloqueado por la presión de los intereses gasísticos" y por otra la "adopción de un nuevo reglamento que dote de la debida estabilidad al sector del carbón".

Finalmente, han lamentado que la citada firmeza no se haya aplicado a obligar a las compañías eléctricas a cumplir con sus compromisos de adquisición de carbón o en caso contrario retirarles por ejemplo los derechos de emisión que recibieron gratuitamente en virtud de dichos compromisos.