Las renovables piden que la reforma eléctrica corrija un mercado "ineficaz"

Madrid, 4 jul.- Varias asociaciones de renovables, Anpier, Appa, Protermosolar y Unef, han pedido hoy al Gobierno que con la reforma eléctrica que ultima "corrija un mercado que se muestra totalmente ineficaz" y no cargue solo contra los costes regulados, donde se incluyen las primas de estas fuentes.

En un comunicado, las asociaciones piden "una auditoría en profundidad e independiente" de todos los costes que influyen en la factura eléctrica y que las medidas no vayan solo sobre los costes regulados -donde está también la retribución al transporte o la distribución eléctrica- sino sobre el coste de la energía.

Cada una de estas partidas, costes regulados y energía, son las que conforman la tarifa eléctrica que pagan todos los consumidores y cuyos ingresos han resultado insuficientes para cubrir los costes reconocidos al sistema.

Este desequilibrio entre ingresos y costes ha dado lugar al déficit de tarifa, un problema que el Gobierno intenta atajar con un nuevo paquete de medidas que se aprobará previsiblemente en esta primera quincena de julio y que afectará a todas las actividades reguladas.

Desde el Ministerio de Industria se ha señalado entre los causantes de este desequilibrio a las primas a las renovables y a la cogeneración.

En este sentido, las asociaciones argumentan que en 2012 las primas a las renovables sólo representaron un tercio de los costes regulados y que, por tanto, "no son las principales responsables del problema del déficit de tarifa".

"No puede ser que todos los ajustes se hagan sobre los costes regulados y no se analice en profundidad el irregular funcionamiento del mercado y, por tanto, los mal llamados costes liberalizados", añaden desde el sector renovable.

Asimismo, las asociaciones vuelven a reclamar que las primas a las renovables se trasladen al término de energía y dejen de formar parte de la partida de regulados.

También piden a Industria que aplique la llamada rentabilidad razonable a todos los agentes implicados en el sistema eléctrico y advierten de los riegos del desarrollo de una normativa que "ahogue más al sector" y destruya "los principios de seguridad jurídica y confianza legítima" en España.