Legislatura de Ecuador inicia debate sobre el alza de impuestos a la banca

  • La Legislatura de Ecuador inició hoy el segundo debate sobre un proyecto de ley impulsado por el presidente del país, Rafael Correa, que eleva los impuestos a la banca para destinarlos a un programa de ayudas a los pobres, después del cual procederá a votarlo.

Quito, 20 nov.- La Legislatura de Ecuador inició hoy el segundo debate sobre un proyecto de ley impulsado por el presidente del país, Rafael Correa, que eleva los impuestos a la banca para destinarlos a un programa de ayudas a los pobres, después del cual procederá a votarlo.

La sesión sobre la llamada "Ley Orgánica para la Redistribución del Gasto Social" comenzó alrededor de las 10.00, hora local (15.00 GMT), con la lectura del informe sobre el proyecto de ley elaborado por la Comisión Especializada del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control.

El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, informó de que 27 legisladores se habían inscrito para pedir la palabra durante el debate al inicio de la sesión.

El Gobierno espera recaudar al año unos 164 millones de dólares adicionales de la banca privada con la propuesta y el Estado aportaría otros 140 millones para elevar de 35 a 50 dólares el llamado Bono de Desarrollo Humano (BDH), que reciben mensualmente 1,2 millones de pobres.

El novelista peruano y premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa exhortó ayer a los ecuatorianos a usar "todas las armas de la democracia para defender pacíficamente la libertad de empresa" y a rechazar una medida que a su juicio "nacionaliza indirectamente todo el sistema financiero".

Correa respondió aduciendo estar acostumbrado "a escuchar tonterías" del escritor. "Este era comunista, pedía permiso a Fidel Castro para recibir premios, esos son los peores, los renegados", añadió.

El proyecto establece el cobro del 12 % del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los servicios financieros, que actualmente están exonerados, y eleva los gravámenes sobre los fondos depositados en el extranjero, entre otras medidas.

También da potestad a la Junta Bancaria, una entidad estatal, para poner techo a los sueldos de los directivos de los bancos.

Asimismo, amplía el acceso del Servicio de Rentas Internas (SRI) a la información bancaria de los ciudadanos, al establecer que puede exigir datos "de manera directa, sin trámite o intermediación alguna", y prevé una multa de entre 29.200 y 73.000 dólares para las instituciones financieras que no acaten la orden.

La propuesta del aumento del bono la presentó originalmente Guillermo Lasso, un exbanquero que es candidato a la Presidencia en los comicios de febrero de 2013, aunque él dijo que la pagaría con los fondos que el Estado destina a publicidad.

Correa, quien se presentará a la reelección, mantiene que esos fondos no son suficientes para cubrir el alza y prometió el mismo incremento, pero costeado con un aumento de los gravámenes a la banca.

La Asamblea Nacional, donde el movimiento oficialista Alianza País cuenta con la mayor bancada, realizó un primer debate sobre el proyecto el pasado 8 de noviembre.

Durante la sesión, los legisladores aliados al Gobierno mostraron un apoyo entusiasta a la iniciativa, mientras que los parlamentarios de oposición tuvieron cuidado en no parecer que defendían a los banqueros.

Organizaciones empresariales y de la banca han protestado contra la iniciativa, con el argumento de que restringirá el crecimiento del patrimonio de las entidades financieras y con ello también se ralentizará la oferta de crédito para la economía.

Aseveran asimismo que los nuevos impuestos encarecerán las operaciones de comercio exterior.

En cambio, Correa acusó ayer a los banqueros de interesarse solo "por su bolsillo " y de llevar a cabo "una estrategia del terror" para intentar que los ecuatorianos "no apoyen al Gobierno y ver si ponen a su candidato" como presidente tras los comicios de 2013.

El proyecto final, que consta de cinco artículos, ordena a la Superintendencia de Bancos y Seguros que vigile a las entidades para impedir que eleven sus tasas para transferir a los clientes el costo de las reformas.

También pide al SRI que emita un informe en tres meses sobre la carga tributaria de los principales grupos económicos del país.

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