Barcelona.- Las personas físicas o jurídicas con las que la empresa Cacaolat, controlada por Nueva Rumasa, tiene deudas pendientes disponen de un mes, a partir de hoy, para comunicar sus créditos al Servicio Común Mercantil de Barcelona para ser así incluidos en la lista de acreedores.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la declaración del concurso de Cacaolat realizada por el juzgado mercantil número 6 de Barcelona el pasado 31 de marzo, en el que se recogen algunos de los plazos del procedimiento concursal.
El juez ha designado como administrador concursal a la auditora de cuentas Deloitte y al abogado Juan Antonio Borras Abos.
La crisis de Cacaolat se está agravando tras la presentación del concurso de acreedores, con demanda de embargo de su sede en Barcelona y con la retirada del popular batido de los supermercados, al dejar de contar con los envases por culpa de la crisis del grupo.
Los trabajadores de Cacaolat culpan a la familia Ruiz Mateos de la situación de suspensión de pagos en la que se encuentra la empresa y aseguran que la compañía de batidos sería viable con una mejor organización de la empresa.
Cacaolat cuenta con una plantilla de 500 trabajadores, 400 en las dos plantas que tiene en Cataluña y otro centenar en Zaragoza, zona donde se encuentran la mayoría de ganaderos proveedores del fabricante catalán.
La marca catalana fue adquirida a Parmalat España por Nueva Rumasa en el mismo paquete en el que compró otras empresas de alimentación del grupo italiano en nuestro país, entre ellas Clesa, en 2007, por un total de 188 millones de euros.
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