Madrid, 11 dic.- El presidente del Registro de Economistas Auditores (REA), Carlos Puig de Travy, ha dicho hoy que la ley de Auditoría, que previsiblemente aprobará mañana el Gobierno, se aleja de las recomendaciones de Bruselas y muestra fallos técnicos.
La adaptación de la ley a la directiva comunitaria, ha señalado Puig, se ha hecho de forma precipitada, aunque en su opinión "todavía hay tiempo para mejorar una ley que, con su redacción actual, podría suponer la desaparición de los pequeños y medianos despachos de auditoría".
El anteproyecto "deja mucho margen a la interpretación" y crea inseguridad jurídica, además de restringir la competencia, lo que perjudica especialmente al pequeño y mediano auditor, además de regular diversos aspectos de forma diferente al de otros países europeos.
Además incorpora como motivos de incompatibilidad conceptos que los auditores califican de ambiguos, como conflicto de intereses o familiares próximos, algo "sin parangón en el contexto internacional", así como la concentración de honorarios, "algo que no está establecido por la directiva comunitaria".
En opinión de los auditores, se establecen restricciones que impedirán los procesos de fusión o integración de auditores en redes de sociedades, "lo que imposibilitará el desarrollo de las pequeñas firmas de auditoría".
Por lo que respecta a la prohibición de prestar servicios de asesoramiento fiscal, Puig ha recordado que los auditores también ayudan a las empresas a la hora de conseguir financiación o en la elaboración de planes de viabilidad".
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