Los 'call-tv' provocan pocas quejas al ministerio de industria

El Ministerio de Industria recibe un volumen “no significativo” de reclamaciones por el coste de las llamadas y SMS a los concursos nocturnos de televisión, pese a las denuncias que aparecen en los medios e incluso recientes sentencias judiciales.

Así lo asegura el Gobierno en una respuesta parlamentaria a una pregunta de la diputada de UPyD Rosa Díez, sobre las medidas del Ejecutivo "para evitar abusos de los usuarios que participan en los concursos nocturnos”.
Díez menciona la sentencia reciente del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vitoria que ha mantenido dos multas impuestas por la Consejería de Sanidad y Consumo del País Vasco a un programa de 'call-TV'.
La reclamación inicial procedió de un usuario al que le llegó una elevada factura como consecuencia de las 142 llamadas que realizó para poder participar en este concurso. La sentencia señala que el procedimiento para concursar obliga al usuario a efectuar un número tal de llamadas que "produce una total falta de garantías en el derecho de los consumidores".
La infracción no se debe a que el participante no entre en directo al concurso, sino porque el usuario no sabe si va a participar o no en este. Al llamar, se mantiene al usuario en espera durante unos 50 segundos y posteriormente se produce una desconexión, sin que el participante sepa si entrará en la selección informática para concursar.
'MENOS DEL 1%'
El Gobierno le contesta a la dirigente de UPyD que “de acuerdo con los últimos datos disponibles en la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el número de reclamaciones recibidas en relación con el uso de líneas 905 y SMS Premium no es significativo”.
Según Industria, las reclamaciones por la línea 905 representan menos del 1% del total de reclamaciones sobre servicios de telefonía, y las relacionadas con los Servicios SMS Premium constituyen alrededor del 3% del total de reclamaciones de telefonía móvil.
Los telespectadores disponen de una “protección especial” supervisada por la Comisión de Supervisión de los Servicios de Tarificación Adicional, con un código de conducta en vigor cuyo incumplimiento dará lugar al cierre del número, añade la respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Servimedia.
Además, la Orden EHA/3084/2011, de 8 de noviembre, establece la reglamentación básica de los concursos, que fija las reglas básicas a las que habrán de atenerse los operadores para el desarrollo y explotación, de ámbito estatal, de los concursos, así como la redacción y elaboración de sus reglas particulares.
El Capítulo III de esta orden “Relaciones entre el operador de juego y los participantes” establece la obligación para el operador de elaborar unas reglas particulares de los concursos, así como un sistema de atención y resolución de quejas y reclamaciones de los participantes, exigiéndole además la obligación de proporcionar a los participantes información completa y actualizada sobre el desarrollo del juego (artículo 8).
El Capítulo IV «Desarrollo de los concursos» determina en su artículo 12 las reglas de participación en los concursos estableciéndose concretamente que el operador de juego y el operador de medios de comunicación que le preste el soporte para el desarrollo del concurso deberán informar al público del precio total de la participación en las condiciones referidas en el número 2 del artículo 8.
El Gobierno recuerda además que la Dirección General de Ordenación del Juego, la Subdirección General de Contenidos para la Sociedad de la Información (Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información) y la Asociación para la Autorregulación Comercial (Autocontrol) firmaron el año pasado un Acuerdo para el establecimiento de un Código de Conducta sobre Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego, con la finalidad básica de protección de los consumidores en el ámbito de las comunicaciones comerciales de actividades de juego, especialmente de los menores de edad y de otras personas o grupos vulnerables, en el marco de las políticas de juego responsable.