Los funcionarios de Madrid se manifestarán el día 7 contra los recortes

  • Los sindicatos CCOO, UGT, CSIT-UP y CSIF han presentado hoy la manifestación de los empleados públicos de la Comunidad de Madrid del próximo 7 de febrero para protestar por los recortes de la Ley de Medidas Fiscales que supondrá la pérdida de 11.000 empleos.

Madrid, 1 feb.- Los sindicatos CCOO, UGT, CSIT-UP y CSIF han presentado hoy la manifestación de los empleados públicos de la Comunidad de Madrid del próximo 7 de febrero para protestar por los recortes de la Ley de Medidas Fiscales que supondrá la pérdida de 11.000 empleos.

Bajo el lema "Lo público es de todos ¡No a los recortes!", la manifestación será el colofón a una serie de movilizaciones y asambleas informativas celebradas en los centros de trabajo durante todo enero en contra de los cambios laborales contenidos en la ley.

"Un año más, a través de la ya conocida 'ley escoba', el Gobierno regional ha vuelto a hurtar el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores", incrementando "de forma unilateral" la jornada de los empleados públicos a 37,5 horas semanales y "eliminando, en un caso, y modificando, en otro, el complemento de mejora en caso de incapacidad temporal de los trabajadores", según el Coordinador del Área Pública de CCOO, Manuel Rodríguez.

"Nuestra gran denuncia no es la repercusión que estas medidas tienen individualmente en cada trabajador, que también, sino que ambas medidas unidas van a suponer la destrucción de en torno a 11.000 puestos de trabajo en el ámbito de la Administración pública de la Comunidad de Madrid", ha dicho Rodríguez en una rueda de prensa conjunta.

Según estimaciones sindicales, esta pérdida se desglosa en más de 5.000 puestos en sanidad, 3.000 en educación y otros 3.000 en el resto de la función pública, ha señalado el secretario general de Servicios Públicos de UGT, Santiago Tamame.

En el área de sanidad, que cuenta con 78.050 trabajadores entre funcionarios y laborales, el incremento anual en 16 jornadas de trabajo fijado por la ley "supone la pérdida de 5.314 puestos de interinos", ha continuado Tamame.

Tras apuntar que "el 80 % de los empleados públicos son mileuristas", Tamame ha explicado que un trabajador de los niveles 1 y 2 del Grupo V, el más bajo del escalafón, con sueldos mensuales de entre 1.086 y 1.123 euros, "sufrirá un recorte de 519 euros en su sueldo durante el primer mes de baja por enfermedad, la mitad del sueldo, y de 317 euros en el segundo mes".

Ello supone "penalizar a los trabajadores que están en peores condiciones de salud" y que padezcan enfermedades largas, ya que muchos irán a trabajar pese a encontrarse enfermos, con lo que "se suma a un deterioro físico, un deterioro económico", según el vicesecretario de CSIT Unión Profesional, José Montero Regueira.

Para CSIF-UP, las medidas contenidas en la Ley deben tener "un carácter transitorio" y hay que "recuperar el prestigio del empleado público tras las manifestaciones desafortunadas de los políticos que han contribuido a desprestigiar al servidor público", ha apuntado el Coordinador de Negociación colectiva, Pedro Poves.

El funcionario "no es un muñequito de Forges con las piernas encima de la mesa", sino un profesional que ha pasado unas "oposiciones muy duras" y "la mayoría ya trabaja la media hora más al día" que prevé la ley, ha continuado Poves.

En la rueda de prensa conjunta, los representantes sindicales han presentado un manifiesto en defensa de los servicios públicos, han recordado que "los empleados públicos han perdido un 48% de poder adquisitivo en los últimos veinte años".

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