Los Ruiz-Mateos pueden ser considerados culpables de insolvencia de Carcesa

Madrid, 12 jul.- La administración concursal de Carcesa ve "indicios" para considerar a la familia Ruiz-Mateos culpable de la insolvencia de la empresa extremeña, después de detectar que extrajo hasta 54,4 millones de euros en disposiciones en efectivo de cuentas bancarias, sin justificación y con destino desconocido.

Según consta en el informe de situación patrimonial de Carcesa, que se ha notificado hoy a los acreedores, las salidas de dinero del fabricante del tomate "Apis" y los zumos "Fruco" hacia otras empresas de Nueva Rumasa o con destino desconocido (que totalizan 89,3 millones) son el motivo del desfase patrimonial de la empresa.

"Casi todas las entidades que recibieron dicho dinero están en situación de concurso de acreedores y parece difícil la consecución de su crédito", alertan los administradores concursales, que también se quejan de la existencia de sociedades radicadas en paraísos fiscales que dificultan la búsqueda de bienes y el recobro de las cantidades adeudadas.

Por ello creen que "existen indicios" para calificar como culpable de la insolvencia a la administración social (el sobrino de José María Ruiz-Mateos, Zoilo Pazos Jiménez) y a "otros administradores de hecho".

Todos ellos serían condenados a cubrir con sus bienes el agujero patrimonial de Carcesa, que cuenta con activos valorados en 178,05 millones de euros, frente a deudas de 245 millones.

La administración concursal también ha detectado "situaciones de agravamiento de la insolvencia" que corresponden a entidades de crédito, entre las que destaca el Banco Etcheverría, según fuentes jurídicas consultadas por Efecom.

El informe revela que el administrador social de Carcesa extrajo supuestamente hasta 54,4 millones de euros en disposiciones en efectivo de las cuentas de la firma en el Banco Etcheverría en 2008 y de las que no se sabe su destino.

Según explica el órgano que gestiona el concurso de acreedores, de las disposiciones en efectivo realizadas de las cuentas de Carcesa destacan las del 5 y 30 de mayo de 2008 cuando se sacaron en metálico 4,63 y 4,49 millones, respectivamente.

Los administradores concursales de Carcesa son el abogado Ismael Soto Teodoro, el economista-auditor de cuentas Pedro Bautista Martín Molina, el economista Fernando Bigeriego Porras, el abogado Emilio González Bilbao y el economista Gerardo Casado Gallardo, en nombre del acreedor Acopaex Sociedad Cooperativa.

Según admite la propia compañía en la solicitud de concurso (antigua suspensión de pagos), existían dos tipos de cuentas corrientes, las que gestionaban los apoderados directivos de la empresa y un segundo grupo gestionado desde Madrid por otros apoderados diferentes.

A este respecto, los administradores concursales han precisado que Carcesa ha llevado una doble administración y distinguen entre la realizada por los apoderados directivos encaminada a la actividad productiva de la compañía y una gestión que "se ha hecho solo desde la propiedad".

Así, los responsables de gestionar el concurso de Carcesa explican que se han utilizado cuentas bancarias abiertas a nombre de esta compañía pero con su uso totalmente cerrado al equipo de Mérida, que denomina "Cuentas Somosaguas", localidad madrileña donde la familia Ruiz-Mateos tiene su cuartel general.

El informe precisa que esta situación ha supuesto que el equipo de Mérida se haya encontrado sin información de las operaciones y que a la hora de contabilizar e interpretar lo ejecutado tuvieran "muy poca o ninguna información" por parte de los propietarios.

Esto ha provocado "información sesgada y que se desconociera la razón de algunas operaciones como el destino final de ciertos fondos".

Entre estas operaciones, han incluido las realizadas con las empresas Bardajera y Bamingo Canarias y la gestión de la emisión de pagarés, así como el destino final de los fondos recaudados por los pasivos bancarios generados.