Mañana arranca nueva ley responsabilidad ambiental, que incluye daños al mar

Madrid, 4 jul.- La reforma de la Ley de Responsabilidad Medioambiental, que entra mañana en vigor, amplía su ámbito de aplicación a los posibles daños a las aguas marinas.

La modificación de la ley, que publica hoy el Boletín Oficial del Estado, tiene por objeto garantizar la obligación de prevenir, evitar y reparar las amenazas y los daños ambientales.

Traspuesta al ordenamiento español en 2007, la legislación establece en España un régimen administrativo de responsabilidad medioambiental, basado en los principios de "prevención" y de que "quien contamina, paga".

Este régimen prevé que los operadores que ocasionen este tipo de daños o amenacen con causarlo deben adoptar las medidas necesarias para prevenirlos o, en el caso de que ya se hayan producido, devolver los recursos naturales dañados al estado en el que se encontraban.

La norma, que cuenta con un único artículo con doce apartados y tres disposiciones finales, fue modificada con el objetivo de reforzar su vertiente preventiva, así como de simplificar y mejorar su aplicación.

En concreto, refuerza los aspectos preventivos mediante el fomento de los análisis de riesgos medioambientales como herramienta de gestión del riesgo medioambiental y mejora y aclara distintos aspectos relativos a las garantías financieras (mecanismo que permite a los operadores hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad que se pretenda desarrollar).

También supone una reducción de las cargas administrativas a los operadores económicos y simplifica el procedimiento de constitución de la garantía financiera por lo que dota de una mayor eficacia a la actuación de las administraciones.

Como novedad, amplía el concepto de daño medioambiental a las aguas para asegurar que la responsabilidad medioambiental se aplique también al estado ecológico de las aguas marinas, según recoge la directiva sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro.

El pasado 26 de junio culminó la tramitación parlamentaria del proyecto de ley.